Esta rayuela recoge el camino que el Estado ha recorrido durante el último año para hacerle frente a la magnitud de la violencia sexual en el sistema educativo ecuatoriano. La imagen evoca la infancia y evidencia también que las respuestas se han dado sin articulación, más bien de salto en salto. Usted podrá leer las historias de cada casilla o de un solo tirón, sin descanso, como las han vivido las niñas, niños y adolescentes a quienes este delito sacó de juego.
Esta rayuela recoge el camino que el Estado ha recorrido durante el último año para hacerle frente a la magnitud de la violencia sexual en el sistema educativo ecuatoriano. La imagen evoca la infancia y evidencia también que las respuestas se han dado sin articulación, más bien de salto en salto. Usted podrá leer las historias de cada casilla o de un solo tirón, sin descanso, como las han vivido las niñas, niños y adolescentes a quienes este delito sacó de juego.
El silencio es la primera consecuencia de la violencia sexual y paraliza a las víctimas en el lugar de la vergüenza y el miedo. De esa casilla solitaria y dolorosa sólo les es posible salir cuando hablan. Aunque casi nadie esté preparado para escuchar lo que dicen. Por eso las dudas, los oídos sordos.
En la Academia Aeronáutica Mayor Pedro
Traversari (Aampetra) están matriculados
4.873 estudiantes.
El rector de esta institución tiene relación con otras tres instituciones educativas en Quito.
7.949 es el total
de estudiantes matriculados
en las cuatro instituciones.
Pero ese primer intento de reparación fue fallido. Ocurrió bajo el intenso sol, sin sillas ni ninguna muestra de consideración por las víctimas. Sin intención de pedir disculpas ni admitir que los hechos que acabaron con los juegos de 43 niñxs ocurrieron allí.
Evento de reparación simbólica en Aampetra/Foto Sentimos Diverso
Ramiro Rivadeneira, Defensor del Pueblo en ese momento, calificó el evento como una distorsión de la reparación simbólica, que no favorecía a las víctimas sino a la impunidad. Los representantes de Fiscalía y Unicef se retiraron advirtiendo que no se cumplió lo ordenado en la sentencia.
El acto tuvo que repetirse, a regañadientes. El segundo transcurrió en medio de gritos de respaldo a la gestión del rector, Luis Naranjo, que intentaron desacreditar las voces de quienes han reclamado justicia durante siete años.
En la estrecha aula donde ocurrieron los abusos se develó una placa. El rector, que hizo todo por defender el nombre de su institución e incumplir con la sentencia, no tuvo más opción que leer la leyenda: “En memoria de las víctimas de violencia sexual en el sistema educativo”. El llanto fue incontenible. Esas palabras dichas de malagana han sido la antesala de una ola de denuncias tanto de la violencia sexual como de la cultura de ocultamiento en el sistema educativo.
El caso Aampetra, que pasó desapercibido durante años, salió a la luz a través de la investigación periodística La herida oculta, en mayo de 2017. Hasta ese momento, Ecuador ignoraba la magnitud de las agresiones sexuales que se viven en escuelas, colegios y universidades, sin importar si son públicos o privados.
El subregistro se mantiene pero el país no ha dejado de hablar sobre violencia sexual durante el último año. Después de organizar la información a nivel nacional, el Ministerio de Educación ha identificado 1.837 denuncias dentro del sistema educativo entre 2014 y 2018.
Sin psicólogos ni abogados, los familiares de las víctimas de Aampetra persistieron en la agotadora labor de alzar la voz, de reclamar la cárcel para el agresor, y la aplicación de sanciones a quienes, en la escuela y el Estado, optaron por el mutismo y el encubrimiento. Esa determinación por no callar abrió la posibilidad de enderezar el camino.
Amparo Molina. “Romper el silencio ayudó a mostrar una realidad oculta de mi país”, dice Amparo Molina. Cuando ella habla se hace escuchar. Desde 2017 asumió la representación de las víctimas del caso Aampetra ante el Estado, especialmente en la Comisión Ocasional creada en la Asamblea Nacional para enfrentar la violencia sexual en el sistema educativo. Madres y padres de familia debían recuperar la salud, el trabajo, las relaciones, acompañar a sus hijas e hijos a terminar el último año de colegio. Entonces, Amparito, como la llaman, les tomó la posta. Ella pregunta, señala, duda. La claridad con la que habla desconcierta por igual a quienes están acostumbrados a ofrecerles favores a las víctimas, como a quienes pensaron que detrás de su activismo podría haber alguna bandera política.
El silencio es la primera consecuencia de la violencia sexual y paraliza a las víctimas en el lugar de la vergüenza y el miedo. De esa casilla solitaria y dolorosa sólo les es posible salir cuando hablan. Aunque casi nadie esté preparado para escuchar lo que dicen. Por eso las dudas, los oídos sordos.
En la Academia Aeronáutica Mayor Pedro
Traversari (Aampetra) están matriculados
4.873 estudiantes.
El rector de esta institución tiene relación con otras tres instituciones educativas en Quito.
7.949 es el total
de estudiantes matriculados
en las cuatro instituciones.
Pero ese primer intento de reparación fue fallido. Ocurrió bajo el intenso sol, sin sillas ni ninguna muestra de consideración por las víctimas. Sin intención de pedir disculpas ni admitir que los hechos que acabaron con los juegos de 43 niñxs ocurrieron allí.
Evento de reparación simbólica en Aampetra/Foto Sentimos Diverso
Ramiro Rivadeneira, Defensor del Pueblo en ese momento, calificó el evento como una distorsión de la reparación simbólica, que no favorecía a las víctimas sino a la impunidad. Los representantes de Fiscalía y Unicef se retiraron advirtiendo que no se cumplió lo ordenado en la sentencia.
El acto tuvo que repetirse, a regañadientes. El segundo transcurrió en medio de gritos de respaldo a la gestión del rector, Luis Naranjo, que intentaron desacreditar las voces de quienes han reclamado justicia durante siete años.
En la estrecha aula donde ocurrieron los abusos se develó una placa. El rector, que hizo todo por defender el nombre de su institución e incumplir con la sentencia, no tuvo más opción que leer la leyenda: “En memoria de las víctimas de violencia sexual en el sistema educativo”. El llanto fue incontenible. Esas palabras dichas de malagana han sido la antesala de una ola de denuncias tanto de la violencia sexual como de la cultura de ocultamiento en el sistema educativo.
El caso Aampetra, que pasó desapercibido durante años, salió a la luz a través de la investigación periodística La herida oculta, en mayo de 2017. Hasta ese momento, Ecuador ignoraba la magnitud de las agresiones sexuales que se viven en escuelas, colegios y universidades, sin importar si son públicos o privados.
El subregistro se mantiene pero el país no ha dejado de hablar sobre violencia sexual durante el último año. Después de organizar la información a nivel nacional, el Ministerio de Educación ha identificado 1.837 denuncias dentro del sistema educativo entre 2014 y 2018.
Sin psicólogos ni abogados, los familiares de las víctimas de Aampetra persistieron en la agotadora labor de alzar la voz, de reclamar la cárcel para el agresor, y la aplicación de sanciones a quienes, en la escuela y el Estado, optaron por el mutismo y el encubrimiento. Esa determinación por no callar abrió la posibilidad de enderezar el camino.
Amparo Molina. “Romper el silencio ayudó a mostrar una realidad oculta de mi país”, dice Amparo Molina. Cuando ella habla se hace escuchar. Desde 2017 asumió la representación de las víctimas del caso Aampetra ante el Estado, especialmente en la Comisión Ocasional creada en la Asamblea Nacional para enfrentar la violencia sexual en el sistema educativo. Madres y padres de familia debían recuperar la salud, el trabajo, las relaciones, acompañar a sus hijas e hijos a terminar el último año de colegio. Entonces, Amparito, como la llaman, les tomó la posta. Ella pregunta, señala, duda. La claridad con la que habla desconcierta por igual a quienes están acostumbrados a ofrecerles favores a las víctimas, como a quienes pensaron que detrás de su activismo podría haber alguna bandera política.
Las víctimas del caso Aampetra pudieron trazar un nuevo camino, después de que Ecuador se conmoviera con su historia. Por primera vez, sintieron que eran tomados en cuenta. En una reunión privada, José Serrano, entonces presidente de la Asamblea Nacional, les pidió disculpas, reconoció su lucha y prometió que el Estado les apoyaría en la reconstrucción de sus vidas. En esa cita del 13 de julio de 2017, el asambleísta propuso crear una comisión para investigar los delitos sexuales en el sistema educativo.
Agotadas de buscar justicia, las familias confiaron a la Asamblea sus pedidos: investigar a la escuela, determinar responsabilidades del Estado, avanzar en el tercer proceso judicial contra el agresor y brindar acompañamiento psicológico a las 43 víctimas.
9 asambleístas
27 sesiones
Asistencias hasta la sesión No. 23
Los testimonios permitieron a los asambleístas tener información de primera mano. Pero nadie estaba preparado para el dolor, las lágrimas y la impotencia que transmitían. No hubo protocolos ni medidas para aplacar el sufrimiento de las víctimas. “Ha sido un desafío. No había referencias sobre cómo atender esta situación, porque faltó interés o se desconocía que la Asamblea podía hacer algo”, considera Silvia Salgado, quien ha presidido la Comisión.
Hasta el momento se han realizado 27 sesiones con la presencia de representantes de las víctimas y de la sociedad civil como observadores, además de delegados de instituciones estatales. En este periodo, se han aprobado cinco informes: el primero analiza los casos recibidos; el segundo determina la responsabilidad del Ministerio de Educación, el tercero revisa la actuación de la Función Judicial; el cuarto, la atención del Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo, y el quinto, las acciones del Ministerio de Salud. Todos evidencian que el reto de las instituciones es actuar de forma articulada.
Antes del cierre, la Comisión debe entregar una propuesta de reforma normativa que guíe las acciones para proteger a niñas, niños y adolescentes, así como un último informe que explique cómo las entidades estatales han implementado sus recomendaciones. En adelante, a la Asamblea le queda pendiente incorporar la decisión de que los delitos sexuales no prescriban, adoptada por consulta popular en febrero de 2018.
Un año después de la creación de la Comisión, lxs estudiantes se están graduando de la secundaria. Todavía esperan que el daño que sufrieron en la escuela Aampetra sea reparado integralmente. Pero los pasos que han dado sacaron al país de la inercia y lograron que la Comisión empuje a otras instituciones a enfrentar la violencia sexual.
La Comisión Aampetra está integrada por nueve asambleístas:
Silvia Salgado ( Socialista - AP): Presidenta de la Comisión Aampetra.
Norma Vallejo (AP): Es vicepresidenta y está a cargo del proyecto de reforma normativa.
Karina Arteaga (AP-Unidad Primero): No estuvo presente en la aprobación del primer informe.
Lourdes Cuesta (CREO): Por maternidad, fue reemplazada por el asambleísta alterno, Alfredo Medina.
Juan Cárdenas (AP): Argumentó contra el informe de control político que señala la responsabilidad de los exministros de Educación, pero votó a favor de su aprobación.
Encarnación Duchi (PACHAKUTIK): Considera que en los últimos años se descuidó la protección de la niñez y adolescencia y se privilegió la obra de infraestructura.
Héctor Muñoz (SUMA): Ha sido crítico con la demora para aprobar el informe de control político, que salió cuando ya no era posible enjuiciar al exministro de Educación.
Amapola Naranjo (AP): Ha insistido en que los exministros Augusto Espinosa y Freddy Peñafiel no tuvieron derecho a defenderse.
Franklin Samaniego (AP): Fue el único ausente en la sesión en que se aprobó el informe de control político al Ministerio de Educación.
Las víctimas del caso Aampetra pudieron trazar un nuevo camino, después de que Ecuador se conmoviera con su historia. Por primera vez, sintieron que eran tomados en cuenta. En una reunión privada, José Serrano, entonces presidente de la Asamblea Nacional, les pidió disculpas, reconoció su lucha y prometió que el Estado les apoyaría en la reconstrucción de sus vidas. En esa cita del 13 de julio de 2017, el asambleísta propuso crear una comisión para investigar los delitos sexuales en el sistema educativo.
Agotadas de buscar justicia, las familias confiaron a la Asamblea sus pedidos: investigar a la escuela, determinar responsabilidades del Estado, avanzar en el tercer proceso judicial contra el agresor y brindar acompañamiento psicológico a las 43 víctimas.
9 asambleístas
27 sesiones
Asistencias hasta la sesión No. 23
Los testimonios permitieron a los asambleístas tener información de primera mano. Pero nadie estaba preparado para el dolor, las lágrimas y la impotencia que transmitían. No hubo protocolos ni medidas para aplacar el sufrimiento de las víctimas. “Ha sido un desafío. No había referencias sobre cómo atender esta situación, porque faltó interés o se desconocía que la Asamblea podía hacer algo”, considera Silvia Salgado, quien ha presidido la Comisión.
Hasta el momento se han realizado 27 sesiones con la presencia de representantes de las víctimas y de la sociedad civil como observadores, además de delegados de instituciones estatales. En este periodo, se han aprobado cinco informes: el primero analiza los casos recibidos; el segundo determina la responsabilidad del Ministerio de Educación, el tercero revisa la actuación de la Función Judicial; el cuarto, la atención del Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo, y el quinto, las acciones del Ministerio de Salud. Todos evidencian que el reto de las instituciones es actuar de forma articulada.
Antes del cierre, la Comisión debe entregar una propuesta de reforma normativa que guíe las acciones para proteger a niñas, niños y adolescentes, así como un último informe que explique cómo las entidades estatales han implementado sus recomendaciones. En adelante, a la Asamblea le queda pendiente incorporar la decisión de que los delitos sexuales no prescriban, adoptada por consulta popular en febrero de 2018.
Un año después de la creación de la Comisión, lxs estudiantes se están graduando de la secundaria. Todavía esperan que el daño que sufrieron en la escuela Aampetra sea reparado integralmente. Pero los pasos que han dado sacaron al país de la inercia y lograron que la Comisión empuje a otras instituciones a enfrentar la violencia sexual.
La Comisión Aampetra está integrada por nueve asambleístas:
Silvia Salgado ( Socialista - AP): Presidenta de la Comisión Aampetra.
Norma Vallejo (AP): Es vicepresidenta y está a cargo del proyecto de reforma normativa.
Karina Arteaga (AP-Unidad Primero): No estuvo presente en la aprobación del primer informe.
Lourdes Cuesta (CREO): Por maternidad, fue reemplazada por el asambleísta alterno, Alfredo Medina.
Juan Cárdenas (AP): Argumentó contra el informe de control político que señala la responsabilidad de los exministros de Educación, pero votó a favor de su aprobación.
Encarnación Duchi (PACHAKUTIK): Considera que en los últimos años se descuidó la protección de la niñez y adolescencia y se privilegió la obra de infraestructura.
Héctor Muñoz (SUMA): Ha sido crítico con la demora para aprobar el informe de control político, que salió cuando ya no era posible enjuiciar al exministro de Educación.
Amapola Naranjo (AP): Ha insistido en que los exministros Augusto Espinosa y Freddy Peñafiel no tuvieron derecho a defenderse.
Franklin Samaniego (AP): Fue el único ausente en la sesión en que se aprobó el informe de control político al Ministerio de Educación.
En el sistema educativo, la violencia sexual se esconde. No solo porque las víctimas son obligadas a callar sino porque muchas veces las autoridades de las escuelas encubren a los abusadores, que también se favorecen de la negligencia en el Ministerio de Educación (Mineduc) y el sistema judicial. Estos son los factores comunes que halló la Comisión Ocasional Aampetra de la Asamblea Nacional en los 42 casos de violencia sexual que conoció en los primeros seis meses de funcionamiento.
Según la Fiscalía
sólo 9%
de los hechos de violencia sexual ocurridos o detectados en centros educativos
durante 2015
fueron denunciados por autoridades escolares.
Las familias tampoco hallaron respuestas en el Mineduc. En lugar de sancionar el incumplimiento de la denuncia, el Distrito Educativo 7 emitió seis informes favorables en 2015, que permitieron que Aampetra ampliara la cobertura a niveles iniciales y renovara los permisos de funcionamiento.
La esperanza que tenían en el proceso judicial se diluyó con demoras injustificadas. El sorteo de la causa tardó 10 meses y pasaron dos años hasta el llamamiento a juicio, que se suspendió porque el agresor, José Luis Negrete, estaba prófugo. Las víctimas, que habían recibido amenazas, fueron incluidas en el Sistema de Protección recién en 2015, bajo la condición de colaborar en la investigación.
Lo ocurrido en Aampetra es un patrón que se repite. La actuación de la escuela, el Mineduc y el sistema judicial es similar en los abusos sexuales contra 84 estudiantes de la institución Mushuk Pakari (Quito), en los abusos y tortura en la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad (Guayaquil); en la violación a El Principito y el acoso a Emmanuelle en La Condamine (Quito) y en el abuso contra una adolescente en el CEBI (Ambato). Además, todos los agresores fueron docentes.
El juego del ocultamiento permite que la violencia sexual siga ocurriendo en el sistema educativo. Sin embargo, el encubrimiento no se ha investigado en ninguno de estos casos. Ni siquiera cuando la comunidad educativa desprestigia a las víctimas y respalda abiertamente a los agresores, como sucedió en los dos casos de La Condamine.
La figura jurídica del encubridor no consta en el Código Orgánico Integral Penal. Pero la conducta está tipificada en el artículo 272, bajo el nombre de “fraude procesal” y es un delito sancionado con uno a tres años de prisión.
Luis Naranjo Paredes. Rector de Aampetra. Según familiares de las víctimas, Naranjo minimizó los hechos y les ofreció becas a cambio de su silencio. Seis años después, cumplió a regañadientes con el acto de reparación simbólica.
Firma como PhD, pero en el registro de la Secretaría de Educación Superior sólo constan sus títulos de magíster en docencia universitaria y administración educativa en la Universidad Indoamérica y de abogado por la Universidad Central, en donde también es docente.
En el sur de Quito, es conocido su poder económico y su influencia. Llama la atención verlo protegido siempre por guardaespaldas. Naranjo está vinculado con otras tres instituciones educativas de corte militar: Academia Naval Almirante Howard, Academia Militar General Miguel Iturralde y Unidad Educativa Academia Militar Miguel Iturralde 2. Según información del Servicio de Rentas Internas, también tiene relación con el Instituto Mixto Particular Bilingüe Disney Home. Además, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Compañías, es accionista en dos empresas que brindan servicio de transporte escolar e institucional y son proveedoras del Estado.
Francisca Herdoíza Arboleda. Actual Coordinadora General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia. Fue Subsecretaria de Educación de Quito entre 2014 y 2016. En 2015 renovó el permiso de funcionamiento de Aampetra, apoyada en informes favorables del Distrito Educativo 7. También autorizó la apertura del primer nivel de preescolar.
Herdoíza abrió un sumario administrativo contra el auditor Nelson Mario Fonseca Delgado, por recibir un “donativo” de USD 1.200 de parte del rector de Aampetra. Sin embargo, ella misma lo archivó por recomendación del área de Talento Humano, que argumentó violación al debido proceso. El incidente terminó en un simple llamado de atención.
El nombre de Francisca Herdoíza aparecía varias veces en el borrador del primer informe de la Comisión Aampetra pero fue eliminado de la versión firmada por los asambleístas. Silvia Salgado dijo desconocer las razones del cambio y aseguró que nadie presionó para que se hiciera. Para ella este detalle es insignificante, pues en el informe está mencionado el cargo que ocupaba Herdoíza y se citan documentos de respaldo.
Nelson Fonseca Delgado. Como supervisor estaba en sus manos evaluar la calidad educativa de Aampetra cuando ocurrieron los delitos sexuales entre 2010 y 2011. En 2015, se abrió un sumario administrativo en su contra por recibir dinero del rector de esa institución con la excusa de que serviría para reparar el auto del Distrito Educativo 7. El sumario por esta causa fue archivado por errores en el proceso.
En el sistema educativo, la violencia sexual se esconde. No solo porque las víctimas son obligadas a callar sino porque muchas veces las autoridades de las escuelas encubren a los abusadores, que también se favorecen de la negligencia en el Ministerio de Educación (Mineduc) y el sistema judicial. Estos son los factores comunes que halló la Comisión Ocasional Aampetra de la Asamblea Nacional en los 42 casos de violencia sexual que conoció en los primeros seis meses de funcionamiento.
Según la Fiscalía
sólo 9%
de los hechos de violencia sexual ocurridos o detectados en centros educativos
durante 2015
fueron denunciados por autoridades escolares.
Las familias tampoco hallaron respuestas en el Mineduc. En lugar de sancionar el incumplimiento de la denuncia, el Distrito Educativo 7 emitió seis informes favorables en 2015, que permitieron que Aampetra ampliara la cobertura a niveles iniciales y renovara los permisos de funcionamiento.
La esperanza que tenían en el proceso judicial se diluyó con demoras injustificadas. El sorteo de la causa tardó 10 meses y pasaron dos años hasta el llamamiento a juicio, que se suspendió porque el agresor, José Luis Negrete, estaba prófugo. Las víctimas, que habían recibido amenazas, fueron incluidas en el Sistema de Protección recién en 2015, bajo la condición de colaborar en la investigación.
Lo ocurrido en Aampetra es un patrón que se repite. La actuación de la escuela, el Mineduc y el sistema judicial es similar en los abusos sexuales contra 84 estudiantes de la institución Mushuk Pakari (Quito), en los abusos y tortura en la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad (Guayaquil); en la violación a El Principito y el acoso a Emmanuelle en La Condamine (Quito) y en el abuso contra una adolescente en el CEBI (Ambato). Además, todos los agresores fueron docentes.
El juego del ocultamiento permite que la violencia sexual siga ocurriendo en el sistema educativo. Sin embargo, el encubrimiento no se ha investigado en ninguno de estos casos. Ni siquiera cuando la comunidad educativa desprestigia a las víctimas y respalda abiertamente a los agresores, como sucedió en los dos casos de La Condamine.
La figura jurídica del encubridor no consta en el Código Orgánico Integral Penal. Pero la conducta está tipificada en el artículo 272, bajo el nombre de “fraude procesal” y es un delito sancionado con uno a tres años de prisión.
Luis Naranjo Paredes. Rector de Aampetra. Según familiares de las víctimas, Naranjo minimizó los hechos y les ofreció becas a cambio de su silencio. Seis años después, cumplió a regañadientes con el acto de reparación simbólica.
Firma como PhD, pero en el registro de la Secretaría de Educación Superior sólo constan sus títulos de magíster en docencia universitaria y administración educativa en la Universidad Indoamérica y de abogado por la Universidad Central, en donde también es docente.
En el sur de Quito, es conocido su poder económico y su influencia. Llama la atención verlo protegido siempre por guardaespaldas. Naranjo está vinculado con otras tres instituciones educativas de corte militar: Academia Naval Almirante Howard, Academia Militar General Miguel Iturralde y Unidad Educativa Academia Militar Miguel Iturralde 2. Según información del Servicio de Rentas Internas, también tiene relación con el Instituto Mixto Particular Bilingüe Disney Home. Además, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Compañías, es accionista en dos empresas que brindan servicio de transporte escolar e institucional y son proveedoras del Estado.
Francisca Herdoíza Arboleda. Actual Coordinadora General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia. Fue Subsecretaria de Educación de Quito entre 2014 y 2016. En 2015 renovó el permiso de funcionamiento de Aampetra, apoyada en informes favorables del Distrito Educativo 7. También autorizó la apertura del primer nivel de preescolar.
Herdoíza abrió un sumario administrativo contra el auditor Nelson Mario Fonseca Delgado, por recibir un “donativo” de USD 1.200 de parte del rector de Aampetra. Sin embargo, ella misma lo archivó por recomendación del área de Talento Humano, que argumentó violación al debido proceso. El incidente terminó en un simple llamado de atención.
El nombre de Francisca Herdoíza aparecía varias veces en el borrador del primer informe de la Comisión Aampetra pero fue eliminado de la versión firmada por los asambleístas. Silvia Salgado dijo desconocer las razones del cambio y aseguró que nadie presionó para que se hiciera. Para ella este detalle es insignificante, pues en el informe está mencionado el cargo que ocupaba Herdoíza y se citan documentos de respaldo.
Nelson Fonseca Delgado. Como supervisor estaba en sus manos evaluar la calidad educativa de Aampetra cuando ocurrieron los delitos sexuales entre 2010 y 2011. En 2015, se abrió un sumario administrativo en su contra por recibir dinero del rector de esa institución con la excusa de que serviría para reparar el auto del Distrito Educativo 7. El sumario por esta causa fue archivado por errores en el proceso.
La prevención y atención de la violencia sexual en el sistema educativo no ha sido prioridad para el Estado ecuatoriano. Una muestra de ello es que no existen registros antes de 2014. Nada se sabe de las víctimas de esos años. Además, las cifras que comenzaron a levantarse desde entonces son inconsistentes y varían dependiendo de la institución.
Durante los primeros seis meses de funcionamiento, la Comisión Ocasional Aampetra de la Asamblea Nacional, creada en julio de 2017, conoció 42 casos de violencia sexual. De estos hemos seleccionado 31, los que ocurrieron en el ámbito escolar y disponen de mayor información para evidenciar factores comunes. Contar la violencia es el primer paso para erradicarla.
La prevención y atención de la violencia sexual en el sistema educativo no ha sido prioridad para el Estado ecuatoriano. Una muestra de ello es que no existen registros antes de 2014. Nada se sabe de las víctimas de esos años. Además, las cifras que comenzaron a levantarse desde entonces son inconsistentes y varían dependiendo de la institución.
Durante los primeros seis meses de funcionamiento, la Comisión Ocasional Aampetra de la Asamblea Nacional, creada en julio de 2017, conoció 42 casos de violencia sexual. De estos hemos seleccionado 31, los que ocurrieron en el ámbito escolar y disponen de mayor información para evidenciar factores comunes. Contar la violencia es el primer paso para erradicarla.
Omitir es dejar de actuar, abstenerse de hacerlo, callar. La denuncia del caso Aampetra evidenció una falla estructural en la prevención, atención y seguimiento de la violencia sexual en el sistema educativo. Por esto, los exministros de Educación, Augusto Espinosa y Freddy Peñafiel, fueron llamados a comparecer frente a la Comisión Ocasional creada en la Asamblea Nacional para establecer responsabilidades, por acción u omisión frente a los delitos sexuales ocurridos en escuelas y colegios.
Entre 2014
y 2017
fueron archivados
156 casos
de violencia sexual en el sistema educativo y en 106 se aplicó la sanción de suspensión a los agresores en lugar de la destitución, según la Mesa Interinstitucional “Espacios Libres de Violencia”.
Desde 2010, el Comité de Derechos del Niño y el Plan Nacional Integral para Erradicar los Delitos Sexuales en el Sistema Educativo (2011) sugirieron implementar un sistema especializado de registro de casos. Ningún antecesor de Espinosa lo hizo, pero esto no lo exoneraba de cumplir dicha obligación. Tampoco a Peñafiel. Ambos lo omitieron y perdieron su turno para intentar resolver un problema que no es nuevo. El actual ministro, Fander Falconí, dijo en su comparecencia que “se ha encontrado información dispersa e incompleta y se ha ordenado”.
El informe destaca que Espinosa y Peñafiel conocieron el caso “El Principito”, ocurrido en 2014 en la Unidad Educativa Binacional La Condamine y no ordenaron auditorías ni denunciaron ante Fiscalía, como corresponde a cualquier autoridad según los protocolos. Actualmente, La Condamine sigue sin estar en la lista de planteles intervenidos, pese a que se ratificó la sentencia contra el agresor y que existió otro caso de violencia sexual en esta institución.
Espinosa se ha defendido diciendo que el abuso sexual “no es patrimonio del sistema educativo” y que “ocurre también en otros países”. Ha escrito en su blog que el informe es subjetivo y que “la Comisión AAMPETRA se dejó llevar por las presiones políticas y el Estado de opinión”.
El informe fue aprobado por unanimidad en marzo de 2018. Franklin Samaniego (AP) fue el único que no asistió a la votación, mientras que Amapola Naranjo (AP) y Juan Cárdenas (AP) han reiterado que los exministros no pudieron “defenderse”. Este comentario causó malestar entre quienes representan a las víctimas en la Comisión. El documento está publicado sin las firmas de estos tres asambleístas.
Otros legisladores, como Héctor Muñoz (SUMA), han criticado que el informe se presentó sólo cuando Espinosa ya no podía ser llamado a juicio político. Sin embargo, tampoco se usó para enjuiciar a Peñafiel. Espinosa aún es parte de la Comisión de Educación en la Asamblea, aunque ya no la preside. Peñafiel es rector de un colegio privado en Quito.
El juicio político no es la única ni la más importante medida que el Estado debía tomar para enfrentar la violencia sexual en el sistema educativo. Pero pudo ser un mensaje contundente para autoridades y funcionarios que han optado por el silencio y, con ello, contribuyen a que el abuso, el acoso y las violaciones sigan ocurriendo en las aulas.
Augusto Espinosa. El título no hace al ministro, pero da pistas de sus prioridades. Espinosa es economista. Tiene una maestría en economía (FLACSO) y otra en administración (ITESM), que no está registrada en la Senescyt. También estudió programación neurolingüística. Antes de iniciarse en la política estuvo vinculado al sector florícola. Como funcionario público, inició su carrera en 2007. Trabajó como subsecretario en Senescyt y Senplades; también fue ministro coordinador de Talento Humano. A la cabeza del Mineduc (2013-2016), implementó los Departamentos de Consejería Estudiantil, creó el bachillerato técnico productivo y modificó el examen de ingreso a las universidades, que generó polémica.
Espinosa llegó a la Asamblea con el respaldo de la Red de Maestros. Allí integra la Comisión de Educación, aunque renunció a su cargo como presidente debido a cuestionamientos, incluida una denuncia penal por fraude procesal y ocultamiento de casos de violencia sexual en el sistema educativo, interpuesta por el Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador.
Freddy Peñafiel Larrea. Su vínculo con el Mineduc comenzó en 2009. Fue asesor, gerente, subsecretario, delegado, viceministro y, finalmente, ministro por seis meses. Peñafiel es graduado de La Condamine y licenciado en Comunicación Social. Tiene un máster en docencia y otro en uso de nuevas tecnologías en la educación. “Solo soy un escritor”, dice en su blog de poesía. Allí también aparece frecuentemente la palabra “silencio”. El silencio puede inspirar a los poetas y poner en aprietos a los funcionarios públicos. Según el informe de la Comisión Aampetra, por ser delegado del Mineduc en el Consejo de Administración de La Condamine, Peñafiel “conoció directamente los hechos de violencia sexual (...) y no inició ningún proceso sancionatorio ni dispuso auditorías ni la intervención para precautelar la seguridad de los estudiantes”. El informe concluye que “hay una responsabilidad por omisión que debería ser investigada”.
Omitir es dejar de actuar, abstenerse de hacerlo, callar. La denuncia del caso Aampetra evidenció una falla estructural en la prevención, atención y seguimiento de la violencia sexual en el sistema educativo. Por esto, los exministros de Educación, Augusto Espinosa y Freddy Peñafiel, fueron llamados a comparecer frente a la Comisión Ocasional creada en la Asamblea Nacional para establecer responsabilidades, por acción u omisión frente a los delitos sexuales ocurridos en escuelas y colegios.
Entre 2014
y 2017
fueron archivados
156 casos
de violencia sexual en el sistema educativo y en 106 se aplicó la sanción de suspensión a los agresores en lugar de la destitución, según la Mesa Interinstitucional “Espacios Libres de Violencia”.
Desde 2010, el Comité de Derechos del Niño y el Plan Nacional Integral para Erradicar los Delitos Sexuales en el Sistema Educativo (2011) sugirieron implementar un sistema especializado de registro de casos. Ningún antecesor de Espinosa lo hizo, pero esto no lo exoneraba de cumplir dicha obligación. Tampoco a Peñafiel. Ambos lo omitieron y perdieron su turno para intentar resolver un problema que no es nuevo. El actual ministro, Fander Falconí, dijo en su comparecencia que “se ha encontrado información dispersa e incompleta y se ha ordenado”.
El informe destaca que Espinosa y Peñafiel conocieron el caso “El Principito”, ocurrido en 2014 en la Unidad Educativa Binacional La Condamine y no ordenaron auditorías ni denunciaron ante Fiscalía, como corresponde a cualquier autoridad según los protocolos. Actualmente, La Condamine sigue sin estar en la lista de planteles intervenidos, pese a que se ratificó la sentencia contra el agresor y que existió otro caso de violencia sexual en esta institución.
Espinosa se ha defendido diciendo que el abuso sexual “no es patrimonio del sistema educativo” y que “ocurre también en otros países”. Ha escrito en su blog que el informe es subjetivo y que “la Comisión AAMPETRA se dejó llevar por las presiones políticas y el Estado de opinión”.
El informe fue aprobado por unanimidad en marzo de 2018. Franklin Samaniego (AP) fue el único que no asistió a la votación, mientras que Amapola Naranjo (AP) y Juan Cárdenas (AP) han reiterado que los exministros no pudieron “defenderse”. Este comentario causó malestar entre quienes representan a las víctimas en la Comisión. El documento está publicado sin las firmas de estos tres asambleístas.
Otros legisladores, como Héctor Muñoz (SUMA), han criticado que el informe se presentó sólo cuando Espinosa ya no podía ser llamado a juicio político. Sin embargo, tampoco se usó para enjuiciar a Peñafiel. Espinosa aún es parte de la Comisión de Educación en la Asamblea, aunque ya no la preside. Peñafiel es rector de un colegio privado en Quito.
El juicio político no es la única ni la más importante medida que el Estado debía tomar para enfrentar la violencia sexual en el sistema educativo. Pero pudo ser un mensaje contundente para autoridades y funcionarios que han optado por el silencio y, con ello, contribuyen a que el abuso, el acoso y las violaciones sigan ocurriendo en las aulas.
Augusto Espinosa. El título no hace al ministro, pero da pistas de sus prioridades. Espinosa es economista. Tiene una maestría en economía (FLACSO) y otra en administración (ITESM), que no está registrada en la Senescyt. También estudió programación neurolingüística. Antes de iniciarse en la política estuvo vinculado al sector florícola. Como funcionario público, inició su carrera en 2007. Trabajó como subsecretario en Senescyt y Senplades; también fue ministro coordinador de Talento Humano. A la cabeza del Mineduc (2013-2016), implementó los Departamentos de Consejería Estudiantil, creó el bachillerato técnico productivo y modificó el examen de ingreso a las universidades, que generó polémica.
Espinosa llegó a la Asamblea con el respaldo de la Red de Maestros. Allí integra la Comisión de Educación, aunque renunció a su cargo como presidente debido a cuestionamientos, incluida una denuncia penal por fraude procesal y ocultamiento de casos de violencia sexual en el sistema educativo, interpuesta por el Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador.
Freddy Peñafiel Larrea. Su vínculo con el Mineduc comenzó en 2009. Fue asesor, gerente, subsecretario, delegado, viceministro y, finalmente, ministro por seis meses. Peñafiel es graduado de La Condamine y licenciado en Comunicación Social. Tiene un máster en docencia y otro en uso de nuevas tecnologías en la educación. “Solo soy un escritor”, dice en su blog de poesía. Allí también aparece frecuentemente la palabra “silencio”. El silencio puede inspirar a los poetas y poner en aprietos a los funcionarios públicos. Según el informe de la Comisión Aampetra, por ser delegado del Mineduc en el Consejo de Administración de La Condamine, Peñafiel “conoció directamente los hechos de violencia sexual (...) y no inició ningún proceso sancionatorio ni dispuso auditorías ni la intervención para precautelar la seguridad de los estudiantes”. El informe concluye que “hay una responsabilidad por omisión que debería ser investigada”.
El vacío de información es una de las causas por las que el Estado ecuatoriano no trazó una ruta clara para enfrentar la violencia sexual. En mayo de 2017, el excoordinador de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación (Mineduc), Jorge Fabara, dijo desconocer las sanciones previas de la escuela Aampetra y confirmó que ésta ni siquiera había pagado una multa impuesta cinco años atrás. Tampoco sabía de la carta en la que las familias de las víctimas denunciaron los abusos sexuales ocurridos entre 2010 y 2011 en una de las aulas. De hecho, en el Mineduc no existen registros de este tipo de casos antes de 2014.
Violencia sexual en espacios escolares (2014-2018)
1.837 denuncias de casos cometidos en el sistema educativo
En 1.300 los agresores fueron docentes o autoridades
En 75 los agresores eran parte del personal administrativo o de limpieza
En 462 los agresores fueron estudiantes
Fuente: Ministerio de Educación, julio 2018.
Los pasos que se dieron en el papel no llegaron a concretarse en los centros escolares. Por ejemplo, con la creación de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) hace seis años, se cubrió a 54,5% de estudiantes sólo a nivel público y no se midió el impacto en la prevención, atención y denuncia de los delitos. Y, a pesar de que se expidieron protocolos para atender la violencia sexual, estos se incumplieron en escuelas públicas y privadas, porque no eran obligatorios.
Foto Ministerio de Educación
La débil coordinación entre instituciones del Estado también ha generado tropiezos. El Mineduc, Judicatura y Fiscalía firmaron un convenio en 2012 para monitorear los delitos sexuales e incentivar la denuncia que hasta ese momento era opcional, pero no lograron ni coincidir en los datos recogidos. Como parte de esta alianza también se lanzó la campaña “Nadie nunca más”, de la que no se conocen resultados.
En ese mismo año, la exministra Gloria Vidal emitió un código de ética que prohibió a los docentes dar declaraciones sin autorización, sumiendo las alertas en el mutismo. Así, la protección de niñxs y adolescentes continuó al azar. Recién en 2017, tras el escándalo provocado por el caso Aampetra, el Ministerio declaró pública la información y levantó las reservas sobre los casos en los que se afectaron derechos de estudiantes.
Álvaro Sáenz, actual viceministro de Educación, habla de tres saltos que los distancian de sus antecesores. El primero es entender que los delitos sexuales deben ser judicializados y no pueden resolverse en el ámbito administrativo. Antes los denunciados eran reubicados en el mismo plantel; el funcionario dice que ahora están siendo rigurosos en separarlos de las escuelas. El segundo salto tiene que ver con el encubrimiento, que es parte del delito, y debe ser sancionado. Aunque no existe una cifra definitiva, el viceministro asegura que desde el año pasado se han destituido a autoridades que ocultaron este tipo de violencia.
Por último, Sáenz explica que se han interpuesto 292 recursos extraordinarios de revisión, para analizar si las autoridades educativas o distritales actuaron correctamente frente a los delitos cometidos o si las sanciones fueron insuficientes. El ministerio también entregó a Fiscalía 734 resoluciones que no tuvieron el tratamiento adecuado.
Entre 2017 y 2018, el Mineduc ha tomado un nuevo rumbo para alinear estrategias frente a la violencia sexual, a través de la Mesa Interinstitucional “Espacios Libres de Violencia”, que reúne a representantes del sistema educativo, judicial y de protección de derechos. Asimismo, lanzó el plan “Más unidos más protegidos” para fomentar la convivencia pacífica. Una de sus principales acciones ha sido la intervención a ocho unidades educativas públicas y privadas, entre ellas Aampetra, donde se encontró irregularidades académicas, administrativas y de infraestructura.
Durante seis meses, un equipo de especialistas revisó documentación y estuvo presente en la academia para diagnosticar situaciones de riesgo. Su informe detalla, por ejemplo, que lxs estudiantes compartían espacios con adultos de la escuela de conducción que funcionaba en la misma jornada. Además, se desconocían rutas y protocolos para atender la violencia y había personal militar sin el perfil pedagógico requerido. También se identificaron hechos de discriminación por género y discapacidad; razón por la que la escuela fue sancionada con una multa de USD 7.500.
Las intervenciones buscan mejorar los entornos escolares. En Aampetra se lograron cambios importantes para aumentar la calidad educativa y la seguridad de quienes estudian allí. No obstante, el informe recomienda que la presencia del Ministerio se extienda por seis meses más para completar los procesos inconclusos.
Eliminar la violencia sexual del sistema educativo requiere de voluntad política y acciones sostenidas porque es muy fácil perder el camino. El abogado Gonzalo Realpe lleva el caso de una niña que denunció el acoso de un inspector en el Colegio 24 de Mayo, en Quito. Él dice que el encubrimiento persiste y asegura que la rectora Nelly Miño no ha separado al acusado. Ella también es subcoordinadora de la Red de Maestros, organización gremial afín al gobierno formada en 2015. Según Realpe, desde esta agrupación se amedrenta a alumnxs y familias para que no denuncien irregularidades.
Por su parte, Segundo Viveros, que coordinó la Red de Maestros en Quito hasta que renunció en 2017 para formar un nuevo gremio, dice que la agrupación se utilizó políticamente para apoyar al exministro Augusto Espinosa: “La mayoría de reuniones eran con su equipo político y nunca recibimos capacitación en prevención y atención de la violencia o en algún otro aspecto que permitiera mejorar la calidad educativa”. El actual gobierno no ha marcado distancia con la Red.
Álvaro Sáenz Andrade. Doctor en Administración (UASB), magíster en Sociología (PUCE) y licenciado en Sociología y Ciencias Políticas (UCE), ha sido profesor universitario, investigador y consultor en temas relacionados con la infancia. Antes de ser viceministro de Educación, ocupó varios cargos públicos; entre ellos, Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y Viceministro de Inclusión Económica y Social. En el primer acto de disculpas públicas en la escuela Aampetra, su participación fue desafortunada. Las familias, que esperaban que el Ministerio de Educación obligara a la institución a cumplir con la sentencia, se indignaron cuando Sáenz repartió las culpas en su discurso: “Quiero, en lo que compete al Ministerio de Educación, pedir disculpas. El país entero tiene que pedir disculpas porque nos hemos vuelto violentos”, dijo con desatino. Junto al ministro Fander Falconí, ha liderado la atención a la violencia sexual y ha insistido en desmarcar la gestión actual de las anteriores.
El vacío de información es una de las causas por las que el Estado ecuatoriano no trazó una ruta clara para enfrentar la violencia sexual. En mayo de 2017, el excoordinador de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación (Mineduc), Jorge Fabara, dijo desconocer las sanciones previas de la escuela Aampetra y confirmó que ésta ni siquiera había pagado una multa impuesta cinco años atrás. Tampoco sabía de la carta en la que las familias de las víctimas denunciaron los abusos sexuales ocurridos entre 2010 y 2011 en una de las aulas. De hecho, en el Mineduc no existen registros de este tipo de casos antes de 2014.
Violencia sexual en espacios escolares (2014-2018)
1.837 denuncias de casos cometidos en el sistema educativo
En 1.300 los agresores fueron docentes o autoridades
En 75 los agresores eran parte del personal administrativo o de limpieza
En 462 los agresores fueron estudiantes
Fuente: Ministerio de Educación, julio 2018.
Los pasos que se dieron en el papel no llegaron a concretarse en los centros escolares. Por ejemplo, con la creación de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) hace seis años, se cubrió a 54,5% de estudiantes sólo a nivel público y no se midió el impacto en la prevención, atención y denuncia de los delitos. Y, a pesar de que se expidieron protocolos para atender la violencia sexual, estos se incumplieron en escuelas públicas y privadas, porque no eran obligatorios.
Foto Ministerio de Educación
La débil coordinación entre instituciones del Estado también ha generado tropiezos. El Mineduc, Judicatura y Fiscalía firmaron un convenio en 2012 para monitorear los delitos sexuales e incentivar la denuncia que hasta ese momento era opcional, pero no lograron ni coincidir en los datos recogidos. Como parte de esta alianza también se lanzó la campaña “Nadie nunca más”, de la que no se conocen resultados.
En ese mismo año, la exministra Gloria Vidal emitió un código de ética que prohibió a los docentes dar declaraciones sin autorización, sumiendo las alertas en el mutismo. Así, la protección de niñxs y adolescentes continuó al azar. Recién en 2017, tras el escándalo provocado por el caso Aampetra, el Ministerio declaró pública la información y levantó las reservas sobre los casos en los que se afectaron derechos de estudiantes.
Álvaro Sáenz, actual viceministro de Educación, habla de tres saltos que los distancian de sus antecesores. El primero es entender que los delitos sexuales deben ser judicializados y no pueden resolverse en el ámbito administrativo. Antes los denunciados eran reubicados en el mismo plantel; el funcionario dice que ahora están siendo rigurosos en separarlos de las escuelas. El segundo salto tiene que ver con el encubrimiento, que es parte del delito, y debe ser sancionado. Aunque no existe una cifra definitiva, el viceministro asegura que desde el año pasado se han destituido a autoridades que ocultaron este tipo de violencia.
Por último, Sáenz explica que se han interpuesto 292 recursos extraordinarios de revisión, para analizar si las autoridades educativas o distritales actuaron correctamente frente a los delitos cometidos o si las sanciones fueron insuficientes. El ministerio también entregó a Fiscalía 734 resoluciones que no tuvieron el tratamiento adecuado.
Entre 2017 y 2018, el Mineduc ha tomado un nuevo rumbo para alinear estrategias frente a la violencia sexual, a través de la Mesa Interinstitucional “Espacios Libres de Violencia”, que reúne a representantes del sistema educativo, judicial y de protección de derechos. Asimismo, lanzó el plan “Más unidos más protegidos” para fomentar la convivencia pacífica. Una de sus principales acciones ha sido la intervención a ocho unidades educativas públicas y privadas, entre ellas Aampetra, donde se encontró irregularidades académicas, administrativas y de infraestructura.
Durante seis meses, un equipo de especialistas revisó documentación y estuvo presente en la academia para diagnosticar situaciones de riesgo. Su informe detalla, por ejemplo, que lxs estudiantes compartían espacios con adultos de la escuela de conducción que funcionaba en la misma jornada. Además, se desconocían rutas y protocolos para atender la violencia y había personal militar sin el perfil pedagógico requerido. También se identificaron hechos de discriminación por género y discapacidad; razón por la que la escuela fue sancionada con una multa de USD 7.500.
Las intervenciones buscan mejorar los entornos escolares. En Aampetra se lograron cambios importantes para aumentar la calidad educativa y la seguridad de quienes estudian allí. No obstante, el informe recomienda que la presencia del Ministerio se extienda por seis meses más para completar los procesos inconclusos.
Eliminar la violencia sexual del sistema educativo requiere de voluntad política y acciones sostenidas porque es muy fácil perder el camino. El abogado Gonzalo Realpe lleva el caso de una niña que denunció el acoso de un inspector en el Colegio 24 de Mayo, en Quito. Él dice que el encubrimiento persiste y asegura que la rectora Nelly Miño no ha separado al acusado. Ella también es subcoordinadora de la Red de Maestros, organización gremial afín al gobierno formada en 2015. Según Realpe, desde esta agrupación se amedrenta a alumnxs y familias para que no denuncien irregularidades.
Por su parte, Segundo Viveros, que coordinó la Red de Maestros en Quito hasta que renunció en 2017 para formar un nuevo gremio, dice que la agrupación se utilizó políticamente para apoyar al exministro Augusto Espinosa: “La mayoría de reuniones eran con su equipo político y nunca recibimos capacitación en prevención y atención de la violencia o en algún otro aspecto que permitiera mejorar la calidad educativa”. El actual gobierno no ha marcado distancia con la Red.
Álvaro Sáenz Andrade. Doctor en Administración (UASB), magíster en Sociología (PUCE) y licenciado en Sociología y Ciencias Políticas (UCE), ha sido profesor universitario, investigador y consultor en temas relacionados con la infancia. Antes de ser viceministro de Educación, ocupó varios cargos públicos; entre ellos, Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y Viceministro de Inclusión Económica y Social. En el primer acto de disculpas públicas en la escuela Aampetra, su participación fue desafortunada. Las familias, que esperaban que el Ministerio de Educación obligara a la institución a cumplir con la sentencia, se indignaron cuando Sáenz repartió las culpas en su discurso: “Quiero, en lo que compete al Ministerio de Educación, pedir disculpas. El país entero tiene que pedir disculpas porque nos hemos vuelto violentos”, dijo con desatino. Junto al ministro Fander Falconí, ha liderado la atención a la violencia sexual y ha insistido en desmarcar la gestión actual de las anteriores.
Tuvieron que pasar siete años para que se atreviera a contar lo que le sucedió en sexto de Básica, en la escuela Aampetra. En una carta les dijo a sus padres que si no revelaba el secreto, esa misma noche terminaría con su vida. La violencia física, psicológica y sexual dejó a Camilo y sus 42 compañerxs fuera de juego. Lejos de su infancia. A él le extrajeron un tumor de la ingle y tendrá que volver al quirófano cuando cumpla 18 años para remediar una desviación en el tabique. Los golpes del profesor produjeron ambas lesiones. Sus heridas emocionales, menos visibles, se profundizaron con los años.
Desde junio de 2017
hasta el 13 de marzo de 2018,
el SEPE atendió a
140 niñxs y adolescentes
víctimas de violencia sexual
en el ámbito educativo.
Insomnio, miedo, llanto fácil, angustia, ansiedad, baja autoestima, aislamiento y dificultades académicas son algunas de las secuelas que deja la violencia sexual. La atención oportuna puede evitar el suicidio, que es la consecuencia más extrema. El seguimiento a las víctimas del caso Aampetra se hizo a saltos y brincos. Recién en junio de 2017, el SEPE elaboró un plan de intervención para que las familias reconstruyan sus proyectos de vida.
Cuando la trabajadora social del SEPE visitó la casa de Ignacio*, la familia pudo entender su timidez y silencio. En el aula de Aampetra, él era quien debía cuidar la puerta mientras el profesor abusaba de sus compañerxs. Todavía siente culpa.
Sin acompañamiento es difícil enfrentar el drama de la violencia sexual. La Comisión Ocasional Aampetra de la Asamblea Nacional señaló que la cobertura del SEPE todavía es limitada. Este servicio que cuenta con 44 oficinas en todo el país y pasó a ser dirigido por el Ministerio de Justicia en 2017, no se ha promocionado lo suficiente. De hecho, ni siquiera hay información en la página web de la institución.
La Comisión también concluyó que la Dirección de Respuesta Judicial del Ministerio de Justicia sólo ha conocido y monitoreado 247 casos judicializados. Esta cifra parece baja si se compara con el universo de hechos de violencia sexual que se cometieron o detectaron en el sistema educativo y que según el Ministerio de Educación (datos hasta mayo de 2018), ascienden a 2.673 en los últimos cuatro años.
Portada de La herida oculta, investigación que denunció el caso Aampetra
Aunque el caso Aampetra ha sido emblemático, no es claro que se haya logrado contactar a todxs lxs estudiantes. Según el primer informe de la Comisión, el Ministerio de Justicia se acercó a 37 de 43 víctimas. Mientras el Estado estuvo ausente, los padres de familia improvisaron como psicólogos de sus hijos y hasta de ellos mismos.
La madre de una de las primeras niñas en denunciar dice que en su hogar han tenido que lidiar con las recaídas. A Elena, los recuerdos le vienen con fiebre y dolor de estómago, como cuando declaró en el más reciente juicio contra su agresor en marzo de 2018.
“Las emociones mal curadas enferman el cuerpo. El fin de las terapias psicológicas es soltarlas para enfrentar los problemas de mejor manera, ser más autónomos y tener relaciones interpersonales sanas”, explica la psicóloga del SEPE. La salud mental no debería ser un lujo ni un privilegio. Es un derecho y el comienzo en la tarea de reparación integral a las víctimas que tiene pendiente el Estado.
*Los nombres son ficticios para proteger a las víctimas.
43 estudiantes callaron los insultos, amenazas, golpes y abusos sexuales que les propinaba su profesor, en una estrecha aula de la escuela Aampetra entre 2010 y 2011. Tenían entre 9 y 10 años. Cuando el silencio se rompió, algunas de sus familias no les creyeron. Otras decidieron olvidar lo que sucedió. Unas pocas se empeñaron en buscar justicia. Durante el juicio, en 2015, un grupo de niñas y niños contaron lo que el docente les había hecho. En sus cuerpos permanecían las marcas de la violencia: pérdida de visión, tumores, cicatrices. También la tristeza, la ira, el miedo. Algunos, incluso, habían pensado en el suicidio. Con escasa atención médica y psicológica, padres y madres fueron el principal apoyo. El grupo, que este año terminó el colegio, se ha convertido en un ejemplo de valentía. Por eso, el Ministerio de Justicia propuso que lxs adolescentes pinten un mural para visibilizar su lucha y para que nadie vuelva a callar frente al abuso en las aulas.
Tuvieron que pasar siete años para que se atreviera a contar lo que le sucedió en sexto de Básica, en la escuela Aampetra. En una carta les dijo a sus padres que si no revelaba el secreto, esa misma noche terminaría con su vida. La violencia física, psicológica y sexual dejó a Camilo y sus 42 compañerxs fuera de juego. Lejos de su infancia. A él le extrajeron un tumor de la ingle y tendrá que volver al quirófano cuando cumpla 18 años para remediar una desviación en el tabique. Los golpes del profesor produjeron ambas lesiones. Sus heridas emocionales, menos visibles, se profundizaron con los años.
Desde junio de 2017
hasta el 13 de marzo de 2018,
el SEPE atendió a
140 niñxs y adolescentes
víctimas de violencia sexual
en el ámbito educativo.
Insomnio, miedo, llanto fácil, angustia, ansiedad, baja autoestima, aislamiento y dificultades académicas son algunas de las secuelas que deja la violencia sexual. La atención oportuna puede evitar el suicidio, que es la consecuencia más extrema. El seguimiento a las víctimas del caso Aampetra se hizo a saltos y brincos. Recién en junio de 2017, el SEPE elaboró un plan de intervención para que las familias reconstruyan sus proyectos de vida.
Cuando la trabajadora social del SEPE visitó la casa de Ignacio*, la familia pudo entender su timidez y silencio. En el aula de Aampetra, él era quien debía cuidar la puerta mientras el profesor abusaba de sus compañerxs. Todavía siente culpa.
Sin acompañamiento es difícil enfrentar el drama de la violencia sexual. La Comisión Ocasional Aampetra de la Asamblea Nacional señaló que la cobertura del SEPE todavía es limitada. Este servicio que cuenta con 44 oficinas en todo el país y pasó a ser dirigido por el Ministerio de Justicia en 2017, no se ha promocionado lo suficiente. De hecho, ni siquiera hay información en la página web de la institución.
La Comisión también concluyó que la Dirección de Respuesta Judicial del Ministerio de Justicia sólo ha conocido y monitoreado 247 casos judicializados. Esta cifra parece baja si se compara con el universo de hechos de violencia sexual que se cometieron o detectaron en el sistema educativo y que según el Ministerio de Educación (datos hasta mayo de 2018), ascienden a 2.673 en los últimos cuatro años.
Portada de La herida oculta, investigación que denunció el caso Aampetra
Aunque el caso Aampetra ha sido emblemático, no es claro que se haya logrado contactar a todxs lxs estudiantes. Según el primer informe de la Comisión, el Ministerio de Justicia se acercó a 37 de 43 víctimas. Mientras el Estado estuvo ausente, los padres de familia improvisaron como psicólogos de sus hijos y hasta de ellos mismos.
La madre de una de las primeras niñas en denunciar dice que en su hogar han tenido que lidiar con las recaídas. A Elena, los recuerdos le vienen con fiebre y dolor de estómago, como cuando declaró en el más reciente juicio contra su agresor en marzo de 2018.
“Las emociones mal curadas enferman el cuerpo. El fin de las terapias psicológicas es soltarlas para enfrentar los problemas de mejor manera, ser más autónomos y tener relaciones interpersonales sanas”, explica la psicóloga del SEPE. La salud mental no debería ser un lujo ni un privilegio. Es un derecho y el comienzo en la tarea de reparación integral a las víctimas que tiene pendiente el Estado.
*Los nombres son ficticios para proteger a las víctimas.
43 estudiantes callaron los insultos, amenazas, golpes y abusos sexuales que les propinaba su profesor, en una estrecha aula de la escuela Aampetra entre 2010 y 2011. Tenían entre 9 y 10 años. Cuando el silencio se rompió, algunas de sus familias no les creyeron. Otras decidieron olvidar lo que sucedió. Unas pocas se empeñaron en buscar justicia. Durante el juicio, en 2015, un grupo de niñas y niños contaron lo que el docente les había hecho. En sus cuerpos permanecían las marcas de la violencia: pérdida de visión, tumores, cicatrices. También la tristeza, la ira, el miedo. Algunos, incluso, habían pensado en el suicidio. Con escasa atención médica y psicológica, padres y madres fueron el principal apoyo. El grupo, que este año terminó el colegio, se ha convertido en un ejemplo de valentía. Por eso, el Ministerio de Justicia propuso que lxs adolescentes pinten un mural para visibilizar su lucha y para que nadie vuelva a callar frente al abuso en las aulas.
José Valdivieso Larco fue sentenciado a 22 años de prisión por abusar de un niño en el colegio binacional La Condamine, en Quito. El Estado le dio la razón a “El Principito”, que tenía cinco años cuando ocurrió el delito, pese a las maniobras usadas para desacreditar su testimonio. Pero el agresor está prófugo y la Policía notificó al fiscal Eduardo Estrella que ha agotado todos los medios para encontrarlo. El exprofesor logró evitar la prisión preventiva y burló la medida cautelar que le obligaba a presentarse semanalmente al Tribunal de Garantías Penales.
50 funcionarios judiciales
fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura entre 2013 y 2017, mientras que desde esta fecha a marzo de 2018 se cuentan
69 sanciones
en casos relacionados con violencia sexual.
José Luis Negrete también estuvo prófugo durante cuatro años, hasta que la Policía lo encontró en una casa del barrio Solanda, a menos de cuatro kilómetros de la escuela Aampetra en la que había abusado de 43 estudiantes.
En su experiencia como fiscal, Estrella ha visto que son mínimos los casos en los que se ratifica la inocencia de los agresores. Aún así al interior del sistema judicial hay quienes archivan información, dilatan el tiempo u omiten actuar para que éstos logren brincarse la justicia y caer de pie. El informe de control político realizado por la Comisión Aampetra a Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la Defensoría Pública llama la atención sobre el alto porcentaje de casos archivados en etapa preprocesal, una fase en la que la recolección de pruebas juega un papel determinante para que los procesos sigan la ruta al interior del sistema judicial.
Plantón de respaldo en el caso "El principito"/Foto El Comercio
La Comisión alerta también sobre la ausencia de atención prioritaria en los casos de niñxs y adolescentes y de especialización de quienes deben llevarlos adelante. También evidencia la falta de articulación entre el Ministerio de Educación (Mineduc) y la Defensoría Pública para que el patrocinio a víctimas y victimarios, evite la prescripción de casos por falta de derecho a la defensa. Así mismo, señala que se requiere aclarar cuál es la institución encargada de hacer cumplir las medidas de reparación integral a las que tienen derecho las víctimas, entre otras recomendaciones.
La inestabilidad política ha influido en los tropiezos de varias instituciones, especialmente de Fiscalía. Silvia Salgado dice que no tiene expectativas respecto a los casos que ella misma entregó para que sean investigados. Durante el primer semestre de 2018 la Fiscalía no respondió a las solicitudes de información de Sentimos Diverso y su presencia fue inconstante dentro de la Comisión Aampetra.
Frente a la violencia sexual se han dado muchos pasos en falso. El primero y más grave ha sido evitar la denuncia. Francisco Bonilla, exdirector de Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura, explica que “un posible delito no puede pasar por la junta de resolución de conflictos”. Resolver casos al interior de las escuelas impidió que se juzguen y también que las cifras coincidan entre instituciones, pues no todos los hechos conocidos por el Mineduc llegan al sistema judicial y, los que llegan, no siempre se convierten en procesos penales.
Bonilla enfatiza en que el Estado debe prevenir y no esperar a la denuncia para atender. Para él hace falta que todas las instituciones trabajen sobre los mismos principios: interés superior, prioridad absoluta, deber de denuncia y especialidad en la atención, sobre todo ahora que la medida de imprescriptibilidad generará más demandas y probablemente, más frustraciones para las víctimas que, en palabras de Amelia Ribadeneira, de la Defensoría Pública, siguen viendo la cárcel como el único consuelo porque tampoco existe capacidad real de reparar el daño provocado por la violencia sexual.
Francisco Bonilla. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Abogado de la Universidad Católica del Ecuador. Trabajó en la Defensoría del Pueblo y estuvo al frente de la Dirección de Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura hasta mediados del 2018. Bonilla ha reiterado que generar incidentes y dilatar los tiempos en los casos de violencia sexual en el sistema educativo son malas prácticas del Derecho que deben eliminarse, porque solo buscan beneficiar a quienes ven la educación como un negocio.
La voluntad política de Bonilla y su equipo permitió abrir un espacio de encuentro con la sociedad civil para hacer seguimiento a los casos, verificar los tiempos y sancionar a los jueces que incumplieron la ley.
José Valdivieso Larco fue sentenciado a 22 años de prisión por abusar de un niño en el colegio binacional La Condamine, en Quito. El Estado le dio la razón a “El Principito”, que tenía cinco años cuando ocurrió el delito, pese a las maniobras usadas para desacreditar su testimonio. Pero el agresor está prófugo y la Policía notificó al fiscal Eduardo Estrella que ha agotado todos los medios para encontrarlo. El exprofesor logró evitar la prisión preventiva y burló la medida cautelar que le obligaba a presentarse semanalmente al Tribunal de Garantías Penales.
50 funcionarios judiciales
fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura entre 2013 y 2017, mientras que desde esta fecha a marzo de 2018 se cuentan
69 sanciones
en casos relacionados con violencia sexual.
José Luis Negrete también estuvo prófugo durante cuatro años, hasta que la Policía lo encontró en una casa del barrio Solanda, a menos de cuatro kilómetros de la escuela Aampetra en la que había abusado de 43 estudiantes.
En su experiencia como fiscal, Estrella ha visto que son mínimos los casos en los que se ratifica la inocencia de los agresores. Aún así al interior del sistema judicial hay quienes archivan información, dilatan el tiempo u omiten actuar para que éstos logren brincarse la justicia y caer de pie. El informe de control político realizado por la Comisión Aampetra a Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la Defensoría Pública llama la atención sobre el alto porcentaje de casos archivados en etapa preprocesal, una fase en la que la recolección de pruebas juega un papel determinante para que los procesos sigan la ruta al interior del sistema judicial.
Plantón de respaldo en el caso "El principito"/Foto El Comercio
La Comisión alerta también sobre la ausencia de atención prioritaria en los casos de niñxs y adolescentes y de especialización de quienes deben llevarlos adelante. También evidencia la falta de articulación entre el Ministerio de Educación (Mineduc) y la Defensoría Pública para que el patrocinio a víctimas y victimarios, evite la prescripción de casos por falta de derecho a la defensa. Así mismo, señala que se requiere aclarar cuál es la institución encargada de hacer cumplir las medidas de reparación integral a las que tienen derecho las víctimas, entre otras recomendaciones.
La inestabilidad política ha influido en los tropiezos de varias instituciones, especialmente de Fiscalía. Silvia Salgado dice que no tiene expectativas respecto a los casos que ella misma entregó para que sean investigados. Durante el primer semestre de 2018 la Fiscalía no respondió a las solicitudes de información de Sentimos Diverso y su presencia fue inconstante dentro de la Comisión Aampetra.
Frente a la violencia sexual se han dado muchos pasos en falso. El primero y más grave ha sido evitar la denuncia. Francisco Bonilla, exdirector de Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura, explica que “un posible delito no puede pasar por la junta de resolución de conflictos”. Resolver casos al interior de las escuelas impidió que se juzguen y también que las cifras coincidan entre instituciones, pues no todos los hechos conocidos por el Mineduc llegan al sistema judicial y, los que llegan, no siempre se convierten en procesos penales.
Bonilla enfatiza en que el Estado debe prevenir y no esperar a la denuncia para atender. Para él hace falta que todas las instituciones trabajen sobre los mismos principios: interés superior, prioridad absoluta, deber de denuncia y especialidad en la atención, sobre todo ahora que la medida de imprescriptibilidad generará más demandas y probablemente, más frustraciones para las víctimas que, en palabras de Amelia Ribadeneira, de la Defensoría Pública, siguen viendo la cárcel como el único consuelo porque tampoco existe capacidad real de reparar el daño provocado por la violencia sexual.
Francisco Bonilla. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Abogado de la Universidad Católica del Ecuador. Trabajó en la Defensoría del Pueblo y estuvo al frente de la Dirección de Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura hasta mediados del 2018. Bonilla ha reiterado que generar incidentes y dilatar los tiempos en los casos de violencia sexual en el sistema educativo son malas prácticas del Derecho que deben eliminarse, porque solo buscan beneficiar a quienes ven la educación como un negocio.
La voluntad política de Bonilla y su equipo permitió abrir un espacio de encuentro con la sociedad civil para hacer seguimiento a los casos, verificar los tiempos y sancionar a los jueces que incumplieron la ley.
No se puede jugar con el peso de la violencia a cuestas. En los espacios donde niñxs y adolescentes deberían sentirse seguros es donde están menos protegidos. De acuerdo con Unicef, en el mundo seis de cada 10 son maltratadxs por sus cuidadores. Sara Mantilla, subdirectora de Acceso a la Justicia y Género del Consejo de la Judicatura, dice que una de las razones para silenciar y normalizar la violencia sexual en las escuelas tiene que ver con que la comunidad educativa está integrada por madres, padres u otras personas que también pueden ser agresores.
En la escuela Aampetra, el abuso empezó con insultos, amenazas y golpes. Cuando ocurrieron las agresiones sexuales, lxs 43 estudiantes ya no pudieron reaccionar. Por la gravedad de los abusos y la persistencia en la búsqueda de justicia, este caso se convirtió en un hito. La placa conmemorativa ordenada como reparación simbólica, que fue puesta en el aula donde sucedieron los hechos, es la marca para recordar que historias como esta no deben repetirse.
Durante los últimos 12 meses, las familias han visto avances que años atrás parecían imposibles. El Ministerio de Educación (Mineduc) dictó política pública para mejorar la contratación de personal en centros escolares públicos y privados, como ordenaba la sentencia judicial. La escuela también cumplió con el acto de disculpas públicas y después fue intervenida para mejorar las condiciones de seguridad y calidad educativa. A su vez, la comisión que lleva el nombre del caso y que fue creada en la Asamblea Nacional en julio de 2017, ha presionado a las instituciones del Estado para que respondan por sus acciones y omisiones frente a la violencia sexual en el sistema educativo.
Ahora que han terminado el colegio, lxs estudiantes tienen la posibilidad de emprender un nuevo rumbo. En esto la reparación integral tendría que ser el impulso para que continúen con sus vidas. Pero el Estado ecuatoriano no termina de cumplir con esta obligación. Además, las familias de las víctimas están a la espera de que se ratifique una tercera sentencia en contra del agresor por el delito de violación.
Ecuador no debe abandonar el camino que ha trazado en el último año. En un país donde la violencia ha echado raíces no sólo en escuelas sino en hogares, iglesias, universidades y calles, se necesitan acciones y procesos sostenidos para cortar con esta herencia.
Hacen falta todavía pasos firmes. Entre ellos, desarrollar un sistema de información que unifique datos y prevenga que quienes cometieron delitos sexuales o están siendo investigados trabajen en escuelas y colegios. Otro pendiente es que todas las instituciones articulen esfuerzos para eliminar la cultura del encubrimiento.
Además, el sistema educativo tiene el reto de reforzar el control en instituciones privadas. Al tiempo, debe implementar la educación sexual integral para todos los niveles y con enfoque laico, que ponga los derechos por encima de las creencias y brinde herramientas para que niñxs y adolescentes hablen sin vergüenza sobre sexualidad, identifiquen riesgos y puedan denunciarlos con la certeza de que les van a creer.
También es el turno para que la sociedad ecuatoriana actúe contra los abusos y deje de tolerarlos u ocultarlos. De poco servirá ampliar las cárceles, aumentar las penas y modificar las leyes para impedir que los delitos sexuales prescriban si el objetivo final no es evitar que ocurran. Eliminar la violencia sexual es una meta a la que el Estado no puede llegar solo.
No se puede jugar con el peso de la violencia a cuestas. En los espacios donde niñxs y adolescentes deberían sentirse seguros es donde están menos protegidos. De acuerdo con Unicef, en el mundo seis de cada 10 son maltratadxs por sus cuidadores. Sara Mantilla, subdirectora de Acceso a la Justicia y Género del Consejo de la Judicatura, dice que una de las razones para silenciar y normalizar la violencia sexual en las escuelas tiene que ver con que la comunidad educativa está integrada por madres, padres u otras personas que también pueden ser agresores.
En la escuela Aampetra, el abuso empezó con insultos, amenazas y golpes. Cuando ocurrieron las agresiones sexuales, lxs 43 estudiantes ya no pudieron reaccionar. Por la gravedad de los abusos y la persistencia en la búsqueda de justicia, este caso se convirtió en un hito. La placa conmemorativa ordenada como reparación simbólica, que fue puesta en el aula donde sucedieron los hechos, es la marca para recordar que historias como esta no deben repetirse.
Durante los últimos 12 meses, las familias han visto avances que años atrás parecían imposibles. El Ministerio de Educación (Mineduc) dictó política pública para mejorar la contratación de personal en centros escolares públicos y privados, como ordenaba la sentencia judicial. La escuela también cumplió con el acto de disculpas públicas y después fue intervenida para mejorar las condiciones de seguridad y calidad educativa. A su vez, la comisión que lleva el nombre del caso y que fue creada en la Asamblea Nacional en julio de 2017, ha presionado a las instituciones del Estado para que respondan por sus acciones y omisiones frente a la violencia sexual en el sistema educativo.
Ahora que han terminado el colegio, lxs estudiantes tienen la posibilidad de emprender un nuevo rumbo. En esto la reparación integral tendría que ser el impulso para que continúen con sus vidas. Pero el Estado ecuatoriano no termina de cumplir con esta obligación. Además, las familias de las víctimas están a la espera de que se ratifique una tercera sentencia en contra del agresor por el delito de violación.
Ecuador no debe abandonar el camino que ha trazado en el último año. En un país donde la violencia ha echado raíces no sólo en escuelas sino en hogares, iglesias, universidades y calles, se necesitan acciones y procesos sostenidos para cortar con esta herencia.
Hacen falta todavía pasos firmes. Entre ellos, desarrollar un sistema de información que unifique datos y prevenga que quienes cometieron delitos sexuales o están siendo investigados trabajen en escuelas y colegios. Otro pendiente es que todas las instituciones articulen esfuerzos para eliminar la cultura del encubrimiento.
Además, el sistema educativo tiene el reto de reforzar el control en instituciones privadas. Al tiempo, debe implementar la educación sexual integral para todos los niveles y con enfoque laico, que ponga los derechos por encima de las creencias y brinde herramientas para que niñxs y adolescentes hablen sin vergüenza sobre sexualidad, identifiquen riesgos y puedan denunciarlos con la certeza de que les van a creer.
También es el turno para que la sociedad ecuatoriana actúe contra los abusos y deje de tolerarlos u ocultarlos. De poco servirá ampliar las cárceles, aumentar las penas y modificar las leyes para impedir que los delitos sexuales prescriban si el objetivo final no es evitar que ocurran. Eliminar la violencia sexual es una meta a la que el Estado no puede llegar solo.
José Luis Negrete forzaba a quienes asistían a sus clases a repetir escenas de películas pornográficas que mostraba en un aula de la institución educativa Mayor Pedro Traversari (Aampetra). Sin embargo, las investigaciones nunca indagaron si en este caso existieron otros delitos, como pornografía infantil o crimen organizado, asociados a las violaciones y los abusos sexuales de los que fueron víctimas 43 estudiantes durante 11 meses.
“A los profesores se les suele tener confianza y algunos se aprovechan”, dice el fiscal Eduardo Estrella para explicar por qué los delitos sexuales en el entorno escolar suelen estar asociados con pornografía infantil, trata de personas y grooming, una forma de ciberacoso en la que personas adultas buscan encuentros sexuales con menores de edad.
Durante el último año, la unidad de análisis informático de la Fiscalía ha identificado que el uso de redes sociales, tablets y celulares facilitan que los agresores graben videos, tomen fotografías y vendan o intercambien el material a través de Internet, como al parecer ocurrió en el caso del Colegio Réplica Aguirre Abad en Guayaquil, en el que los docentes están siendo investigados por tortura, abuso sexual y pornografía infantil.
Estrella considera que casos como estos son más comunes de lo que se conoce. Una alerta de la empresa Homeland Security, que reporta la dirección IP de páginas asociadas a pornografía infantil, permitió identificar, por ejemplo, a un profesor de baloncesto que subía imágenes de niñas mientras se cambiaban de ropa en una escuela en el norte de Quito. También, a comienzos de 2018, un docente de otro colegio en la capital fue sentenciado a 17 años de cárcel por usar perfiles falsos en Facebook y compartir imágenes con contenido sexual infantil a través de Whatsapp y Telegram.
Un porcentaje de este material es enviado en algunos casos por las víctimas, manipuladas previamente. Este año, llegó a la Casa de Justicia de Carcelén la denuncia de una madre que encontró en el celular de su hija de 12 años un mensaje en el que un docente reclamaba con insistencia: “pásame tu pack”. El profesor de 31 años, no solo le había pedido el pack a ella sino por lo menos a tres estudiantes más.
Los pack son literalmente paquetes de fotos o videos de una persona desnuda o realizando prácticas sexuales, mujeres en su mayoría, que pueden terminar publicados sin autorización en grupos o redes sociales.
Esta práctica, cada vez más frecuente en colegios y universidades, puede estar relacionada con abusos sexuales e incrementa los riesgos de acoso, extorsión e incluso trata de personas, entre quienes apenas están explorando su sexualidad. Según el informe publicado por ECPAT International e INTERPOL en febrero de 2018, más de la mitad de las imágenes pornográficas corresponden a preadolescentes.
En Ecuador, el Código Integral Penal (COIP) señala que fotografiar, grabar, producir, transmitir o editar materiales que contengan desnudos de niños o jóvenes será sancionado con 13 a 16 años de cárcel. Mientras que el contacto a través de medios electrónicos para mantener relaciones de carácter sexual con menores de edad se castiga con uno a tres años de prisión. Sin embargo, las denuncias son escasas y las investigaciones no han analizado si los factores comunes encontrados por la Comisión Aampetra durante el último año -abusos con múltiples víctimas y durante tiempo prolongado- tienen conexión con estructuras criminales.
En cambio, niñxs y adolescentes están cada vez más expuestos a ser víctimas de pornografía y también a consumirla, porque es un tercio de la información que circula en Internet. Por eso, la directora de cine para adultos, Erika Lust, creó The Porn Conversation, una caja de herramientas que ayuda a padres y educadores a abordar el tema.
Imagen del proyecto The Porn Conversation
La pornografía ha influido en la intimidad más de lo que se admite. Por eso Lust, apuesta por un enfoque feminista para cambiar las formas convencionales y violentas en los contenidos para adultos. Ella advierte que “cada vez es más difícil controlar lo que ven nuestros hijos en línea” y que la prohibición o la vergüenza no son la respuesta, al contrario, lo que se necesita es más educación sexual.
Hablar abiertamente en las familias y escuelas disminuye los riesgos de ser víctimas de violencia sexual. Investigar los delitos conexos a los abusos que ocurren en escuelas y colegios es una forma de impedir que la pornografía ilegal siga ganando millones de dólares por exponer los cuerpos de niñxs y adolescentes.
José Luis Negrete forzaba a quienes asistían a sus clases a repetir escenas de películas pornográficas que mostraba en un aula de la institución educativa Mayor Pedro Traversari (Aampetra). Sin embargo, las investigaciones nunca indagaron si en este caso existieron otros delitos, como pornografía infantil o crimen organizado, asociados a las violaciones y los abusos sexuales de los que fueron víctimas 43 estudiantes durante 11 meses.
“A los profesores se les suele tener confianza y algunos se aprovechan”, dice el fiscal Eduardo Estrella para explicar por qué los delitos sexuales en el entorno escolar suelen estar asociados con pornografía infantil, trata de personas y grooming, una forma de ciberacoso en la que personas adultas buscan encuentros sexuales con menores de edad.
Durante el último año, la unidad de análisis informático de la Fiscalía ha identificado que el uso de redes sociales, tablets y celulares facilitan que los agresores graben videos, tomen fotografías y vendan o intercambien el material a través de Internet, como al parecer ocurrió en el caso del Colegio Réplica Aguirre Abad en Guayaquil, en el que los docentes están siendo investigados por tortura, abuso sexual y pornografía infantil.
Estrella considera que casos como estos son más comunes de lo que se conoce. Una alerta de la empresa Homeland Security, que reporta la dirección IP de páginas asociadas a pornografía infantil, permitió identificar, por ejemplo, a un profesor de baloncesto que subía imágenes de niñas mientras se cambiaban de ropa en una escuela en el norte de Quito. También, a comienzos de 2018, un docente de otro colegio en la capital fue sentenciado a 17 años de cárcel por usar perfiles falsos en Facebook y compartir imágenes con contenido sexual infantil a través de Whatsapp y Telegram.
Un porcentaje de este material es enviado en algunos casos por las víctimas, manipuladas previamente. Este año, llegó a la Casa de Justicia de Carcelén la denuncia de una madre que encontró en el celular de su hija de 12 años un mensaje en el que un docente reclamaba con insistencia: “pásame tu pack”. El profesor de 31 años, no solo le había pedido el pack a ella sino por lo menos a tres estudiantes más.
Los pack son literalmente paquetes de fotos o videos de una persona desnuda o realizando prácticas sexuales, mujeres en su mayoría, que pueden terminar publicados sin autorización en grupos o redes sociales.
Esta práctica, cada vez más frecuente en colegios y universidades, puede estar relacionada con abusos sexuales e incrementa los riesgos de acoso, extorsión e incluso trata de personas, entre quienes apenas están explorando su sexualidad. Según el informe publicado por ECPAT International e INTERPOL en febrero de 2018, más de la mitad de las imágenes pornográficas corresponden a preadolescentes.
En Ecuador, el Código Integral Penal (COIP) señala que fotografiar, grabar, producir, transmitir o editar materiales que contengan desnudos de niños o jóvenes será sancionado con 13 a 16 años de cárcel. Mientras que el contacto a través de medios electrónicos para mantener relaciones de carácter sexual con menores de edad se castiga con uno a tres años de prisión. Sin embargo, las denuncias son escasas y las investigaciones no han analizado si los factores comunes encontrados por la Comisión Aampetra durante el último año -abusos con múltiples víctimas y durante tiempo prolongado- tienen conexión con estructuras criminales.
En cambio, niñxs y adolescentes están cada vez más expuestos a ser víctimas de pornografía y también a consumirla, porque es un tercio de la información que circula en Internet. Por eso, la directora de cine para adultos, Erika Lust, creó The Porn Conversation, una caja de herramientas que ayuda a padres y educadores a abordar el tema.
Imagen del proyecto The Porn Conversation
La pornografía ha influido en la intimidad más de lo que se admite. Por eso Lust, apuesta por un enfoque feminista para cambiar las formas convencionales y violentas en los contenidos para adultos. Ella advierte que “cada vez es más difícil controlar lo que ven nuestros hijos en línea” y que la prohibición o la vergüenza no son la respuesta, al contrario, lo que se necesita es más educación sexual.
Hablar abiertamente en las familias y escuelas disminuye los riesgos de ser víctimas de violencia sexual. Investigar los delitos conexos a los abusos que ocurren en escuelas y colegios es una forma de impedir que la pornografía ilegal siga ganando millones de dólares por exponer los cuerpos de niñxs y adolescentes.
Julián* destruyó todos sus juguetes. Antes de dormir, el niño de cuatro años rompió en llanto mientras cantaba una canción religiosa que había aprendido en la escuela Ángel de la Guarda, del sector de La Recoleta, en el centro de Quito. “Mamá, el profesor me limpió el trasero”, se quejó de repente, “él me ensució y luego me lavó en agua fría”. Esa noche de noviembre de 2017, la madre entendió la ira de su pequeño: uno de sus profesores había abusado sexualmente de él.
Este tipo de delitos suceden en todos los estratos económicos, en colegios públicos y privados, laicos y religiosos. No distinguen edad ni género. Según datos de la organización Ecuador Dice No Más, en el mundo una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños son víctimas de abuso sexual antes de cumplir 18 años. El fiscal Eduardo Estrella dice que, en Ecuador, el número de denuncias por los crímenes contra varones estuvo a la par de los que afectaron a niñas en 2017.
La violencia sexual es un golpe que descalabra las vidas de todas las personas por igual. Revelar los abusos siempre es difícil porque las víctimas suelen ser amenazadas o manipuladas, sienten culpa y muchas veces piensan que nadie les va a creer.
En el caso de los varones, existen ideas que obstaculizan aún más la denuncia. Según la psicóloga argentina Patricia Visir, especializada en abuso sexual infantil, ellos se sienten culpables porque el estereotipo indica que un hombre debe saber proteger y protegerse. También se tiene el prejuicio de que haber sido abusados les hace menos hombres.
“Cuando tenía 14 años, jugaba en el patio del colegio y los jóvenes mayores me señalaban con el dedo, diciéndome que era homosexual porque dejaba que el cura César Cordero Moscoso abuse de mí”, narra Jorge Palacios, a quien le tomó 50 años vencer la vergüenza y el miedo. Él fue violentado desde 1960, cuando tenía cinco años y era parte de la catequesis que ofrecía Cordero como capellán del barrio La Salle, en Cuenca. Después, entró a la escuela Miguel Ortiz, de propiedad del agresor, donde a Cordero se le hizo más fácil seguir abusando de él y otros alumnos.
Jorge Palacios, víctima del cura Cordero/Foto La Historia
“Cordero, que pertenecía a la alta sociedad cuencana, trataba de que sus víctimas desaparezcan. Conmigo logró que huya a Quito, con otros que se mueran o suiciden”, dice Jorge en uno de los pasillos de la Asamblea Nacional a donde llegó para contar su caso. Juan, su hermano menor, también sufrió la violencia del cura Cordero y se quitó la vida a los 28 años. Hace pocos días, Marcelo Alvarado, otro sobreviviente de los abusos del sacerdote, murió de un ataque cardíaco mientras daba una entrevista.
A pesar de que Palacios denunció en 2010 ante la justicia y la Arquidiócesis, recién ocho años después la Fiscalía y la iglesia católica decidieron indagar los hechos, tras la aprobación de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra la niñez y adolescencia, en la consulta popular de febrero de 2018. Las víctimas están buscando que esta medida sea retroactiva.
El sacerdote Jaime Ortiz de Lazcano, vicario judicial que investigó los abusos sexuales del sacerdote Cristián Precht en Chile, llegó a Ecuador para entrevistar a Cordero y a sus denunciantes, de quienes dijo que sus testimonios eran creíbles y tenían fundamento probatorio. En sus declaraciones, Cordero se atrevió a echar la culpa a las víctimas, quienes tenían entre cinco y siete años cuando fueron violentados. “En el tema de los abusos se da una cierta complicidad, porque aquel que quiere mantenerse íntegro, no permite que el abuso tenga lugar”, dijo el cura de 90 años.
La guía de Unicef para proteger a niñas, niños y adolescentes enfatiza en que los menores de edad siempre son víctimas frente al agresor, pues no tienen la capacidad de cuidarse a sí mismos y durante la adolescencia no siempre han alcanzado la experiencia y la madurez para enfrentar la violencia sexual.
Además, la relación entre la víctima y el agresor es desigual. “Las ‘vacas sagradas’ son de alta sospecha. Mientras más poder ostentan, mayor es su capacidad de acosar y tener cortinas de protección”, sostiene Amelia Ribadeneira, asesora de la Defensoría Pública. Las víctimas en cambio, sufren desprestigio y son puestas en duda. Las estadísticas revelen que a una de cada tres no le creen.
Hace ocho años, Jorge contó a su familia por primera vez lo que había ocurrido en su infancia, pero su madre pensó que era mentira. En las escuelas, las autoridades tampoco confían en la palabra de lxs estudiantes. La mamá de Julián, el niño abusado en la escuela privada Ángel de la Guarda, asegura que la directora dijo que su hijo tiene demasiada imaginación. La abogada Alexandra Funes denunció en la Asamblea Nacional que se produjeron más abusos en ese plantel porque no se separó al sospechoso a tiempo.
Funes, quien tiene tres hijos, se ha dedicado a defender a otras víctimas de delitos sexuales en escuelas de Quito durante el último año. Lleva los casos de varios niños varones violentados por el docente de educación física de la Escuela Junta Nacional de la Vivienda, donde las autoridades sí cumplieron con el deber de denunciar en Fiscalía. También defiende a un niño abusado por el profesor de música en la Academia Estados Unidos. El docente, detenido en 2017, también habría violentado a dos niñas en la misma escuela. Funes pide que se investigue qué sucede en esta institución, pues conoce que otras dos estudiantes sufrieron violencia sexual por parte del psicólogo que se encuentra prófugo.
Los delitos sexuales no discriminan. Para enfrentarlos es necesario eliminar mitos, como creer que los niños varones necesitan menos protección o que quienes sufren abuso se convertirán en agresores. Los prejuicios sólo vuelven más vulnerables a las víctimas. También se requiere educación sexual desde temprana edad y un diálogo abierto con niños, niñas y adolescentes.
El tabú en torno a la sexualidad es una de las principales razones para que las víctimas callen, según Jill Starishevsky, especialista en crímenes sexuales y autora del libro "Mi cuerpo me pertenece". La violencia sexual se nutre del secreto y el silencio para seguir siendo un delito oculto.
*El nombre es ficticio para proteger a la víctima.
Julián* destruyó todos sus juguetes. Antes de dormir, el niño de cuatro años rompió en llanto mientras cantaba una canción religiosa que había aprendido en la escuela Ángel de la Guarda, del sector de La Recoleta, en el centro de Quito. “Mamá, el profesor me limpió el trasero”, se quejó de repente, “él me ensució y luego me lavó en agua fría”. Esa noche de noviembre de 2017, la madre entendió la ira de su pequeño: uno de sus profesores había abusado sexualmente de él.
Este tipo de delitos suceden en todos los estratos económicos, en colegios públicos y privados, laicos y religiosos. No distinguen edad ni género. Según datos de la organización Ecuador Dice No Más, en el mundo una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños son víctimas de abuso sexual antes de cumplir 18 años. El fiscal Eduardo Estrella dice que, en Ecuador, el número de denuncias por los crímenes contra varones estuvo a la par de los que afectaron a niñas en 2017.
La violencia sexual es un golpe que descalabra las vidas de todas las personas por igual. Revelar los abusos siempre es difícil porque las víctimas suelen ser amenazadas o manipuladas, sienten culpa y muchas veces piensan que nadie les va a creer.
En el caso de los varones, existen ideas que obstaculizan aún más la denuncia. Según la psicóloga argentina Patricia Visir, especializada en abuso sexual infantil, ellos se sienten culpables porque el estereotipo indica que un hombre debe saber proteger y protegerse. También se tiene el prejuicio de que haber sido abusados les hace menos hombres.
“Cuando tenía 14 años, jugaba en el patio del colegio y los jóvenes mayores me señalaban con el dedo, diciéndome que era homosexual porque dejaba que el cura César Cordero Moscoso abuse de mí”, narra Jorge Palacios, a quien le tomó 50 años vencer la vergüenza y el miedo. Él fue violentado desde 1960, cuando tenía cinco años y era parte de la catequesis que ofrecía Cordero como capellán del barrio La Salle, en Cuenca. Después, entró a la escuela Miguel Ortiz, de propiedad del agresor, donde a Cordero se le hizo más fácil seguir abusando de él y otros alumnos.
Jorge Palacios, víctima del cura Cordero/Foto La Historia
“Cordero, que pertenecía a la alta sociedad cuencana, trataba de que sus víctimas desaparezcan. Conmigo logró que huya a Quito, con otros que se mueran o suiciden”, dice Jorge en uno de los pasillos de la Asamblea Nacional a donde llegó para contar su caso. Juan, su hermano menor, también sufrió la violencia del cura Cordero y se quitó la vida a los 28 años. Hace pocos días, Marcelo Alvarado, otro sobreviviente de los abusos del sacerdote, murió de un ataque cardíaco mientras daba una entrevista.
A pesar de que Palacios denunció en 2010 ante la justicia y la Arquidiócesis, recién ocho años después la Fiscalía y la iglesia católica decidieron indagar los hechos, tras la aprobación de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra la niñez y adolescencia, en la consulta popular de febrero de 2018. Las víctimas están buscando que esta medida sea retroactiva.
El sacerdote Jaime Ortiz de Lazcano, vicario judicial que investigó los abusos sexuales del sacerdote Cristián Precht en Chile, llegó a Ecuador para entrevistar a Cordero y a sus denunciantes, de quienes dijo que sus testimonios eran creíbles y tenían fundamento probatorio. En sus declaraciones, Cordero se atrevió a echar la culpa a las víctimas, quienes tenían entre cinco y siete años cuando fueron violentados. “En el tema de los abusos se da una cierta complicidad, porque aquel que quiere mantenerse íntegro, no permite que el abuso tenga lugar”, dijo el cura de 90 años.
La guía de Unicef para proteger a niñas, niños y adolescentes enfatiza en que los menores de edad siempre son víctimas frente al agresor, pues no tienen la capacidad de cuidarse a sí mismos y durante la adolescencia no siempre han alcanzado la experiencia y la madurez para enfrentar la violencia sexual.
Además, la relación entre la víctima y el agresor es desigual. “Las ‘vacas sagradas’ son de alta sospecha. Mientras más poder ostentan, mayor es su capacidad de acosar y tener cortinas de protección”, sostiene Amelia Ribadeneira, asesora de la Defensoría Pública. Las víctimas en cambio, sufren desprestigio y son puestas en duda. Las estadísticas revelen que a una de cada tres no le creen.
Hace ocho años, Jorge contó a su familia por primera vez lo que había ocurrido en su infancia, pero su madre pensó que era mentira. En las escuelas, las autoridades tampoco confían en la palabra de lxs estudiantes. La mamá de Julián, el niño abusado en la escuela privada Ángel de la Guarda, asegura que la directora dijo que su hijo tiene demasiada imaginación. La abogada Alexandra Funes denunció en la Asamblea Nacional que se produjeron más abusos en ese plantel porque no se separó al sospechoso a tiempo.
Funes, quien tiene tres hijos, se ha dedicado a defender a otras víctimas de delitos sexuales en escuelas de Quito durante el último año. Lleva los casos de varios niños varones violentados por el docente de educación física de la Escuela Junta Nacional de la Vivienda, donde las autoridades sí cumplieron con el deber de denunciar en Fiscalía. También defiende a un niño abusado por el profesor de música en la Academia Estados Unidos. El docente, detenido en 2017, también habría violentado a dos niñas en la misma escuela. Funes pide que se investigue qué sucede en esta institución, pues conoce que otras dos estudiantes sufrieron violencia sexual por parte del psicólogo que se encuentra prófugo.
Los delitos sexuales no discriminan. Para enfrentarlos es necesario eliminar mitos, como creer que los niños varones necesitan menos protección o que quienes sufren abuso se convertirán en agresores. Los prejuicios sólo vuelven más vulnerables a las víctimas. También se requiere educación sexual desde temprana edad y un diálogo abierto con niños, niñas y adolescentes.
El tabú en torno a la sexualidad es una de las principales razones para que las víctimas callen, según Jill Starishevsky, especialista en crímenes sexuales y autora del libro "Mi cuerpo me pertenece". La violencia sexual se nutre del secreto y el silencio para seguir siendo un delito oculto.
*El nombre es ficticio para proteger a la víctima.
La violencia sexual está presente a lo largo de toda la vida escolar. El 8 de junio de 2018 el Honorable Consejo Universitario (HCU) de la Universidad Central del Ecuador, decidió en sesión extraordinaria y por unanimidad, la destitución de un reconocido docente de la Facultad de Artes por haber acosado durante años a varias estudiantes.
“Eres una delicia para los ojos”, fue el primero de muchos comentarios que Cristina recibió de H.C., el profesor de grabado. Luego, a lo largo de cuatro semestres, vinieron los abrazos y caricias sin consentimiento, las exigencias de que debía “explotar su sensualidad en las obras”, las propuestas para verse por fuera de la universidad, los deberes adicionales y la manipulación para que ella, a pesar de tener una beca por excelencia académica, accediera a ofrecerle algo a cambio de no perder la materia por inasistencia.
Esta situación la llevó a informar el caso a Bienestar Universitario en diciembre de 2016, con la expectativa de recibir alguna medida que la protegiera. Según el artículo 86 de la LOES, esta unidad debía presentar un informe para iniciar el proceso administrativo y al tiempo, hacer la denuncia penal, pues el acoso sexual está tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Pero nada de esto ocurrió.
Protestas en contra del acoso en la Universidad Central del Ecuador/Foto El Comercio
El fiscal Eduardo Estrella afirma que el acoso implica una propuesta sexual de una persona a otra que está bajo una relación de autoridad, como por ejemplo entre docente y estudiante, y esa propuesta viene acompañada de chantajes y amenazas en caso de que se niegue.
Cristina tiene 44 años y comenzó a estudiar en la FAUCE después de una larga carrera en el sector bancario. Allí conoció a otras estudiantes más jóvenes que habían sido acosadas por el mismo profesor y estaban aún más atemorizadas. Por eso se puso a la cabeza de las denuncias, aunque tuvo que continuar asistiendo a clases con el artista. Entonces, el acoso se tornó en gritos, manoteos, burlas y apodos de los que fueron testigos sus compañeros y otros docentes.
Dennis Mucarsel, abogado de Cristina, señala que fue la presión de la comunidad universitaria la que logró, un año y medio después de la notificación a Bienestar, que el rector Fernando Sempértegui solicitara la reunión de la Comisión Especial de Asuntos Disciplinarios.
El caso de Cristina evidencia las dificultades en el manejo del acoso sexual: falta de seguimiento, acciones extemporáneas y revictimización. Durante la primera semana de junio varias estudiantes, de diferentes facultades y también víctimas de acoso, acompañaron a Cristina a las afueras de la Comisión. Todas coincidieron en señalar que las acciones de Bienestar Universitario no les producen confianza a la hora de enfrentar el acoso al interior de la UCE.
Mientras ocurrieron las audiencias de la Comisión, el docente acusado entró y salió del edificio sin ninguna restricción. Incluso, estuvo presente en varias de las declaraciones. Luego, en la Facultad, dictó clases durante toda la semana y se acercó a una de las estudiantes que había dado su testimonio para decirle “traicionera”.
La Comisión recibió 12 testimonios de docentes, egresadas y estudiantes que señalan al profesor de grabado como responsable de situaciones de acoso sexual desde 1994, lo que reveló que su comportamiento ha sido sistemático, sin que nadie se hubiera atrevido a denunciarlo ni administrativa ni penalmente. Pero Cristina lo hizo. Ella sacó a la luz su historia que es también la de Clara, Glenda, Susan, Gabriela, Tania, Monserrath, Melissa y otras mujeres que han sufrido acoso sexual en la FAUCE.
El Honorable Consejo Universitario (HCU), decidió por unanimidad la destitución del docente, pero la salida oficial dependerá de que el Consejo de Educación Superior (CES), ratifique la expulsión y no lo restituya en funciones, como ha ocurrido en casos anteriores. Lo cierto es que ni siquiera se ha pronunciado, a pesar de las amenazas que han recibido quienes se atrevieron a denunciar.
La violencia sexual está presente desde el preescolar hasta la universidad. La Comisión Ocasional Aampetra de la Asamblea Nacional determinó en su primer informe que el encubrimiento es uno de los factores comunes en todos los casos que ha conocido en la educación básica y secundaria. Pero el encubrimiento y el espíritu de cuerpo también están presentes en la educación superior ecuatoriana.
Muchas veces el acoso se confunde con seducción y a los acosadores se les esconde detrás de currículos brillantes, largas trayectorias profesionales, títulos académicos y estrechas relaciones de colegaje que aseguran la impunidad.
Para la docente e investigadora Erika Silva Charvet, “el acoso es un secreto a voces pero hasta el 2013 nadie hablaba de eso en las universidades”. En su libro Cultura de género y calidad en la universidad ecuatoriana los testimonios recogidos señalan tanto los vacíos en los procedimientos de denuncia como la complicidad entre la docencia masculina. Silva destaca que en la mayoría de los casos “si una estudiante va donde el director de carrera, tratan de subsanar la situación en un contubernio”.
Esto podría explicar por qué la denuncia contra el docente H.C. fue ignorada en una facultad que en 50 años ha sido administrada mayoritariamente por hombres. De hecho, desde que se comenzó a hablar de acoso, las autoridades de la FAUCE han repetido en diferentes ocasiones que “detrás de los profesores hay familias” y que “no se debe malinterpretar el trato de los docentes”, transfiriendo la responsabilidad del acoso a las víctimas.
Nilka Pérez, directora de Bienestar Universitario, en una reunión realizada en la Facultad en el mes de abril, sugirió que existen relaciones consentidas y de admiración entre profesores y estudiantes. Estos argumentos romantizan el delito y pasan por alto la desigualdad que hay en estas relaciones porque son los docentes quienes califican a lxs alumnxs.
Hasta el cierre de la edición ninguna autoridad del CES, Senescyt, la Rectoría de la Universidad Central ni Bienestar Universitario respondieron a los pedidos de información solicitados por Sentimos Diverso.
Durante el último año, Ecuador ha vivido una oleada de denuncias de violencia sexual en todo el sistema educativo. El caso del profesor H.C. se suma al caso de un sacerdote en Cuenca y otro en Guayaquil. Hombres que han usado el prestigio para abusar del poder, mantenerse en sus cargos y descalificar a las víctimas.
H.C. ha intentado recolectar entre sus colegas los trabajos de la estudiante para usarlos como prueba en su contra, aduciendo desequilibrios mentales. Además, ha circulado un mensaje en redes sociales en el que dice que las acusaciones son falsas.
Cristina es, por el momento, la única que ha denunciado penalmente al artista. Pero su caso no es el único en la Facultad de Artes. Las autoridades tienen conocimiento de por lo menos otras dos situaciones de acoso. ¿Perderán la oportunidad de rectificar el camino?
La violencia sexual está presente a lo largo de toda la vida escolar. El 8 de junio de 2018 el Honorable Consejo Universitario (HCU) de la Universidad Central del Ecuador, decidió en sesión extraordinaria y por unanimidad, la destitución de un reconocido docente de la Facultad de Artes por haber acosado durante años a varias estudiantes.
“Eres una delicia para los ojos”, fue el primero de muchos comentarios que Cristina recibió de H.C., el profesor de grabado. Luego, a lo largo de cuatro semestres, vinieron los abrazos y caricias sin consentimiento, las exigencias de que debía “explotar su sensualidad en las obras”, las propuestas para verse por fuera de la universidad, los deberes adicionales y la manipulación para que ella, a pesar de tener una beca por excelencia académica, accediera a ofrecerle algo a cambio de no perder la materia por inasistencia.
Esta situación la llevó a informar el caso a Bienestar Universitario en diciembre de 2016, con la expectativa de recibir alguna medida que la protegiera. Según el artículo 86 de la LOES, esta unidad debía presentar un informe para iniciar el proceso administrativo y al tiempo, hacer la denuncia penal, pues el acoso sexual está tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Pero nada de esto ocurrió.
Protestas en contra del acoso en la Universidad Central del Ecuador/Foto El Comercio
El fiscal Eduardo Estrella afirma que el acoso implica una propuesta sexual de una persona a otra que está bajo una relación de autoridad, como por ejemplo entre docente y estudiante, y esa propuesta viene acompañada de chantajes y amenazas en caso de que se niegue.
Cristina tiene 44 años y comenzó a estudiar en la FAUCE después de una larga carrera en el sector bancario. Allí conoció a otras estudiantes más jóvenes que habían sido acosadas por el mismo profesor y estaban aún más atemorizadas. Por eso se puso a la cabeza de las denuncias, aunque tuvo que continuar asistiendo a clases con el artista. Entonces, el acoso se tornó en gritos, manoteos, burlas y apodos de los que fueron testigos sus compañeros y otros docentes.
Dennis Mucarsel, abogado de Cristina, señala que fue la presión de la comunidad universitaria la que logró, un año y medio después de la notificación a Bienestar, que el rector Fernando Sempértegui solicitara la reunión de la Comisión Especial de Asuntos Disciplinarios.
El caso de Cristina evidencia las dificultades en el manejo del acoso sexual: falta de seguimiento, acciones extemporáneas y revictimización. Durante la primera semana de junio varias estudiantes, de diferentes facultades y también víctimas de acoso, acompañaron a Cristina a las afueras de la Comisión. Todas coincidieron en señalar que las acciones de Bienestar Universitario no les producen confianza a la hora de enfrentar el acoso al interior de la UCE.
Mientras ocurrieron las audiencias de la Comisión, el docente acusado entró y salió del edificio sin ninguna restricción. Incluso, estuvo presente en varias de las declaraciones. Luego, en la Facultad, dictó clases durante toda la semana y se acercó a una de las estudiantes que había dado su testimonio para decirle “traicionera”.
La Comisión recibió 12 testimonios de docentes, egresadas y estudiantes que señalan al profesor de grabado como responsable de situaciones de acoso sexual desde 1994, lo que reveló que su comportamiento ha sido sistemático, sin que nadie se hubiera atrevido a denunciarlo ni administrativa ni penalmente. Pero Cristina lo hizo. Ella sacó a la luz su historia que es también la de Clara, Glenda, Susan, Gabriela, Tania, Monserrath, Melissa y otras mujeres que han sufrido acoso sexual en la FAUCE.
El Honorable Consejo Universitario (HCU), decidió por unanimidad la destitución del docente, pero la salida oficial dependerá de que el Consejo de Educación Superior (CES), ratifique la expulsión y no lo restituya en funciones, como ha ocurrido en casos anteriores. Lo cierto es que ni siquiera se ha pronunciado, a pesar de las amenazas que han recibido quienes se atrevieron a denunciar.
La violencia sexual está presente desde el preescolar hasta la universidad. La Comisión Ocasional Aampetra de la Asamblea Nacional determinó en su primer informe que el encubrimiento es uno de los factores comunes en todos los casos que ha conocido en la educación básica y secundaria. Pero el encubrimiento y el espíritu de cuerpo también están presentes en la educación superior ecuatoriana.
Muchas veces el acoso se confunde con seducción y a los acosadores se les esconde detrás de currículos brillantes, largas trayectorias profesionales, títulos académicos y estrechas relaciones de colegaje que aseguran la impunidad.
Para la docente e investigadora Erika Silva Charvet, “el acoso es un secreto a voces pero hasta el 2013 nadie hablaba de eso en las universidades”. En su libro Cultura de género y calidad en la universidad ecuatoriana los testimonios recogidos señalan tanto los vacíos en los procedimientos de denuncia como la complicidad entre la docencia masculina. Silva destaca que en la mayoría de los casos “si una estudiante va donde el director de carrera, tratan de subsanar la situación en un contubernio”.
Esto podría explicar por qué la denuncia contra el docente H.C. fue ignorada en una facultad que en 50 años ha sido administrada mayoritariamente por hombres. De hecho, desde que se comenzó a hablar de acoso, las autoridades de la FAUCE han repetido en diferentes ocasiones que “detrás de los profesores hay familias” y que “no se debe malinterpretar el trato de los docentes”, transfiriendo la responsabilidad del acoso a las víctimas.
Nilka Pérez, directora de Bienestar Universitario, en una reunión realizada en la Facultad en el mes de abril, sugirió que existen relaciones consentidas y de admiración entre profesores y estudiantes. Estos argumentos romantizan el delito y pasan por alto la desigualdad que hay en estas relaciones porque son los docentes quienes califican a lxs alumnxs.
Hasta el cierre de la edición ninguna autoridad del CES, Senescyt, la Rectoría de la Universidad Central ni Bienestar Universitario respondieron a los pedidos de información solicitados por Sentimos Diverso.
Durante el último año, Ecuador ha vivido una oleada de denuncias de violencia sexual en todo el sistema educativo. El caso del profesor H.C. se suma al caso de un sacerdote en Cuenca y otro en Guayaquil. Hombres que han usado el prestigio para abusar del poder, mantenerse en sus cargos y descalificar a las víctimas.
H.C. ha intentado recolectar entre sus colegas los trabajos de la estudiante para usarlos como prueba en su contra, aduciendo desequilibrios mentales. Además, ha circulado un mensaje en redes sociales en el que dice que las acusaciones son falsas.
Cristina es, por el momento, la única que ha denunciado penalmente al artista. Pero su caso no es el único en la Facultad de Artes. Las autoridades tienen conocimiento de por lo menos otras dos situaciones de acoso. ¿Perderán la oportunidad de rectificar el camino?